Más Justicia para la Justicia
La Justicia en Andalucía y en España tiene dos retos irrenunciables en este siglo XXI. En primer lugar, su despolitización, que tiene que pasar por reforzar la independencia judicial profesionalizando su funcionamiento y garantizando uno de sus principios, el de igualdad para todos los ciudadanos. En segundo lugar, la dotación de medios humanos y materiales suficientes, remarcando que una justicia lenta deja de ser justa, desvirtuando así su propia esencia.
Cuando estaba escribiendo este artículo se publicó una noticia: “Justicia destina 30.000 euros a cada abogado de oficio que defiende a los acusados de Gurtel”. Decía, además, que era por considerarlo “un caso de especial complejidad”. Me informé al respecto y me quedé atónito al comprobar que ni los ERE, ni los Cursos de Formación, ni Malaya, ni Invercaria son, ni han sido para el Ministerio de Justicia, causas “de especial complejidad”, y que sus abogados de oficio han cobrado —si es que lo han cobrado ya, que seguro que muchos no— 252 euros por los primeros cinco mil folios y a razón de 22 euros por cada mil folios más.
Me pareció realmente una burla, que se agravó aún más si cabe, al comparar las tablas de honorarios de nuestros profesionales y las del resto de las Comunidades Autónomas y ver que, en algunos procedimientos, estos honorarios doblan a los de los andaluces.
Cuando uno ahonda en la situación por la que pasan los profesionales de la Justicia en Andalucía se da cuenta de que realmente el sistema funciona gracias a su profesionalidad, su buena voluntad y su buen hacer. No se puede explicar de otra forma que una jornada de guardia de asistencia a detenidos, que a veces se prolonga más allá de las 24 horas reglamentadas y supone desplazamientos —en algunas ocasiones de cientos de kilómetros—, todo costeado por el propio profesional, se remunere con 120 euros, que en el mejor de los casos se cobra seis u ocho meses después de prestar el servicio.
¿Cuál es la conclusión? Pues que la Justicia gratuita en Andalucía no es en realidad un servicio gratuito, sino un copago. Pero no un copago entre la administración y el beneficiario, sino entre la administración y los profesionales. Es inaudito. ¿Se imaginan que la sanidad pública estuviese financiada por el médico o la enfermera que atiende a los pacientes? Es absurdo, pero es lo que está pasando en la justicia andaluza.
Pero la cosa no queda aquí. Es que la gestión de la Justicia gratuita la están haciendo los colegios de abogados y procuradores con los recursos propios, financiados por las cuotas colegiales. O sea, que los abogados y procuradores financian la Justicia gratuita por dos vías: con su trabajo, cobrando mal y tarde, y a través de sus cuotas colegiales que pagan la gestión de un servicio que tendría que prestar, o por lo menos costear, la administración andaluza.
En Andalucía hay más de 10.000 profesionales a los que en 2012 se les recortaron, como a muchos funcionarios, los ya de por si ridículos honorarios y a día de hoy siguen sin recuperar estos derechos perdidos. Los funcionarios sí lo han hecho. Si queremos poner en valor nuestro sistema judicial y a sus profesionales, actuemos con hechos y que recuperen ya ese 10% perdido, además de actualizar los honorarios a 2016 y, aunque sea de forma progresiva, se equiparen con los del resto de las Comunidades Autónomas.
Justicia para todos, además de ser el titulo de una película americana de 1979 en la que encontramos a un joven Al Pacino de protagonista, es un lema que Ciudadanos pretende convertir en una realidad para los profesionales andaluces y que en los presupuestos para 2017 se recoja la subida de los honorarios y se haga justicia con los que trabajan en la Justicia.
Porque es un derecho de los andaluces contar con una Justicia gratuita si la necesitan, igual que disponen de sanidad y educación gratuita. Estas tres patas deben ser consideradas una cuestión de Estado y como tal se deben habilitar los recursos económicos necesarios para su correcto funcionamiento.
Quizá si la Justicia no hubiese sido tratada en Andalucía como algo secundario y se hubiese atendido a sus necesidades, no nos encontraríamos con prescripciones, por ejemplo, en el caso de los ERE, que los andaluces no entendemos y que además nos provocan sensación de impotencia, sonrojo e impunidad.
Lo mismo que sentimos al leer noticias que nos anuncian que ya se están señalando juicios para el año 2020. Una Justicia tan lenta no es justa y lo hemos comprobado en casos en los que la sentencia llega cuando las circunstancias personales nada tienen que ver con las que eran cuando se inició la instrucción.
Pero en vez de atajar el problema, vamos poniendo parches, como ha pasado con la implantación del “Papel Cero”. Una idea magnifica, sin duda, que ya la practican otras administraciones desde hace tiempo, pero que de momento lo único que ha provocado es el caos que, de nuevo, está siendo paliado por la buena voluntad y la profesionalidad de jueces, secretarios judiciales, funcionarios, abogados y procuradores. No podemos seguir cargando sobre los profesionales ni los costes ni el esfuerzo que debe hacer la administración.
Y no vale sólo con decir que el gobierno central no cumple sus obligaciones en esta materia, que es verdad. Pero en otras comunidades han sabido darle a la Justicia la importancia que tiene y han dotado a sus sistemas judiciales de más medios y a sus profesionales de Justicia de una consideración que merecen y que no tienen en Andalucía.
Sería otro cantar si la Justicia diera votos, al menos para otras fuerzas políticas. No desde luego para Ciudadanos. Quizá por eso sus necesidades siempre se han relegado a un segundo plano.
Esto tiene que cambiar y va ha cambiar, y por eso Ciudadanos va a condicionar su apoyo a los presupuestos para 2017 a mejorar la Justicia en Andalucía.
Decía Séneca que “nada se parece tanto a la injusticia como una Justicia tardía”. Ciudadanos se ha empeñado en hacer posible lo difícil; esperamos lograrlo también en esta ocasión.
