Los Abogados ante la Crisis… de la Justicia

Que duda cabe que la crisis económica, tan cantada a estas alturas, está afectando severamente a nuestra profesión de abogado, a nuestros despachos y bufetes, de similar manera que a otros segmentos profesionales de cotidiana implicación en el devenir de nuestro sistema social-económico y de mercado.

Una crisis que, como otros Letrados -con franca certeza- han tratado de analizar desde el enfoque de nuestra profesión, se ha traducido en constatar no sólo una evidente y quizás lógica merma de ingresos profesionales (por aumento de una cifra de morosidad hasta ahora ajena a esta empresa), sino, aún más allá y de forma paradójica, en un significativo aumento también de encargos y compromisos, o lo que es lo mismo, en una mayor carga de trabajo, que no ha venido sino a colorear aún más nuestras mesas de despacho, haciendo más denso si cabe el paisaje dibujado por las conocidas subcarpetas corporativas que cobijan los expedientes aperturados. Un aumento que, claro está, es directamente proporcional a la incertidumbre e inseguridad (si no seguridad) respecto del cobro de los honorarios que, derivado del mismo, habrán de devengarse.

Pero lejos de tales reconocidas -y paradójicas- implicaciones, dimanantes de la crisis que llaman global, y para desdicha de quiénes con pasión desarrollamos tan dignísima y relevante profesión, existen otras quizás de mayor calado y profundidad, y que, ciertamente, nos sitúan en un complicado escenario cotidiano en cuanto al ejercicio ante Juzgados y Tribunales se refiere. Tales implicaciones no provienen sino de la inestabilidad de un sistema que viene “haciendo aguas” ya desde hace años y cuya inconsistencia ha sido reiteradamente cantada desde el balcón de la gran mayoría de operadores jurídicos, Jueces y Magistrados incluidos. Es sin duda la crisis de la Justicia, entendida en su espectro más genérico, la que verdaderamente viene atizando nuestro quehacer profesional, dentro de la cual, en ejercicio de responsabilidad, tenemos reservada lógica parcela de culpabilidad, como militantes activos de la praxis que la delimita.

Una crisis traducida en inseguridad y desconfianza, no solo de los ciudadanos receptores del servicio (ésta ciertamente alarmante), sino, lo que resulta más trascendente, de los propios Letrados ejercientes, tal como ha acreditado un estudio elaborado por Metroscopia a petición del Consejo General de la Abogacía Española y de reciente publicación en la revista de nuestro Ilustre Colegio (“La Toga”, nº 174), donde queda patente el descontento (si no, desconcierto) de la clase Letrada respecto de la situación de la Justicia en nuestro país, y que ha motivado la reflexión, desalentadora, que tratan de acoger estas líneas.

Y es que, realmente, si los abogados somos los primeros que no confiamos en el funcionamiento de la Justicia… si recelamos más de la cuenta de la toma de decisiones que compete a los órganos jurisdiccionales… si partimos con desánimo ante los envites procesales que se nos presentan, si reconocemos que pleitear, poco menos, supone echar una moneda al aire… si…. ¿Qué servicio estamos prestando? ¿En qué situación nos encontramos en cuanto a la defensa de los litigios que se nos encomiendan?; ¿Cómo proyectamos a los clientes la supuesta bondad de las acciones judiciales que impulsamos en su nombre?. Preguntas éstas y otras muchas que no hacen sino dotar de desaliento el referido y complicado escenario que nos compete.

Y no es sino con el ejercicio cotidiano de la profesión, y a mayor abundamiento, interviniendo ante las diversas jurisdicciones e instancias y en diferentes demarcaciones territoriales, cuando uno, con todo su esplendor, palpa (léase sufre) la debilidad que venimos predicando, convertida en preocupante inseguridad ante las actuaciones que se tienen entre manos.

La ausencia de homogeneidad de Juzgados y Tribunales, no solo en el tenor de las resoluciones dictadas ante supuestos de identidad conexa o similar, sino en el tratamiento procesal e instrucción de los asuntos, es manifiesta. La interpretación legislativa y la propia facultad decisoria que fluye de determinados preceptos de nuestras Leyes Rituales se han flexibilizado de forma “cuasi universal” en manos de los enjuiciadores (a la sazón especialmente perjudicados por la situación), habiendo conducido ello a una Jurisprudencia contemporánea (fundamentalmente de nuestras Audiencias Provinciales) en la que, ciertamente, “hay para todos”, siendo en la actualidad casi imposible toparse con una cuestión que resulte, a la luz de dicha doctrina, netamente pacífica. Y todo ello bajo un trasfondo deslegalizador (lo fáctico sin duda viene ganando terreno a lo jurídico) que en muchas ocasiones hace tambalear los cimientos del rigor exigible y que se hace más palpable (al menos en sede de quien escribe) en las instancias jurisdiccionales de inicio.

En definitiva un difícil espacio de juego el que nos toca, aderezado con dilaciones y retrasos de muy considerable dimensión y que resultan de público conocimiento, que no hacen sino “calentar” aún más la ya de por sí agitada paciencia de los clientes, y ello, claro está, a costa de nuestro desgaste (más psicológico que profesional) y de nuestras ya vagas e inservibles explicaciones, repetidas una y otra vez ante la infalible pregunta de marras… “Sr. Letrado, lo mío ¿cómo va?”…

Esperemos pues que la situación, realmente preocupante desde todos los prismas de la Justicia, pueda mejorar en el futuro, para que, desde el enfoque de nuestra milenaria y servil profesión, -permitiendo el no desmoronamiento del famoso decálogo que ha de regir su ejercicio (recordemos: estudia, piensa, trabaja, lucha, ten fe….)-, no hayamos de proceder, contestando a la temida pregunta que referíamos anteriormente, como el chiste que engrosa uno de nuestros más preciados patrimonios populares, …. “Lo tuyo va bien, pero si te puedes escapar, te escapas”.