La modernización de la justicia. Un proceso en marcha
La modernización de la Administración de Justicia, ha sido prioritaria en esta legislatura. En estos cuatro años el Ministerio de Justicia ha llegado a acuerdos con todos para impulsar las reformas necesarias para alcanzar una justicia mejor.
Los ciudadanos, los profesionales, las administraciones y las víctimas reclamaban una justicia ágil, moderna y eficaz que respondiera a las necesidades de una sociedad avanzada y que situara a la Justicia en condiciones de afrontar los retos del Siglo XXI.
Este reto pasaba en primer lugar por dotar de medios y nuevos métodos de trabajo a la Administración de Justicia. Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma en la que se ha realizado un mayor esfuerzo en creación de órganos judiciales y fiscales. Entre 1997 y 2003 se ha incrementado la planta judicial en Andalucía en un 20,2% pasando de 574 a 690 jueces. Durante este periodo se duplicó el número de plazas de jueces creadas en Andalucía durante el periodo de 1992 a 1996, entonces, se incrementó la planta judicial en tan sólo un 9%. Siguiendo este ritmo de creación, para tener en Andalucía la planta actualmente existente de 690 jueces, hubiera sido necesario esperar hasta el año 2009.
Asimismo, hace un año y medio existían en Andalucía 96 jueces que sin ser profesionales dictaban sentencias. Hoy todas las plazas judiciales están cubiertas por jueces profesionales, lo que quiere decir que en estos 2 años en Andalucía hay 140 nuevos jueces profesionales.
Entre 1992 y 1995 no se creó ninguna plaza de fiscal en Andalucía. De las 158 plazas creadas en toda España ninguna se destinó a Andalucía. Entre 1996 y 2003 se crearon 116 plazas, por lo que la planta de fiscales se ha incrementado en un 38% pasando de 231 fiscales a 319.
La dotación de órganos judiciales ha dado resultados en Andalucía. Según los últimos datos (provisionales) disponibles del Consejo General del Poder Judicial durante el primer semestre de 2003 en Andalucía se han resuelto 12.640 asuntos más de los ingresados. Este dato tiene más relevancia si se tiene en cuenta que se ha producido un aumento de la entrada de asuntos del 5,33% con el ingreso de 39.409 asuntos más que en el mismo periodo de 2002. La capacidad resolutiva de los juzgados en Andalucía ha aumentado con respecto al año anterior. En el primer semestre de 2003 se han resuelto 32.052 asuntos más que en el mismo semestre de 2002, un 4,22% más. Lo que quiere decir que solamente en Andalucía se han celebrado en los primeros 8 meses más del triple de juicios rápidos de los que se celebraron en 12 meses en toda España con la anterior regulación.
Nos encontramos en un buen momento para el futuro de las Justicia en Andalucía y en España, en el inicio de los que va a ser la Justicia entendida como un auténtico servicio al ciudadano. Partimos de una experiencia abonada por años de reflexión y esfuerzo por encontrar fórmulas que permitan mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero partimos también de un legado de años de olvido de la Justicia, que la convierte no tanto en responsable como en víctima de sí misma, en víctima de sus propias carencias.
En estas dos décadas de transición España ha avanzado significativamente, contamos con una sociedad más moderna que, gracias al progreso, ha consolidado un marco óptimo para el libre ejercicio de derechos y libertades. Cuando se analiza el avance en la sociedad española, se observa claramente que la asignatura pendiente es precisamente el mundo de la Justicia. Estamos ante una oportunidad histórica para poner a la justicia a la altura del proceso de modernización que vive España.
El diálogo y la decisión han sido los dos ejes de trabajo desde los que se ha mejorado la Justicia como servicio público. El diálogo, como herramienta de trabajo, ha resultado esencial tanto en el proceso de determinación de objetivos como en su ulterior consecución, y la decisión ha sido la clave desde la que se han venido impulsando las políticas consensuadas con todos. La necesidad de la reforma y las aportaciones de todos estaban sobre la mesa faltaba la iniciativa para tomar las riendas de una reforma a fondo de nuestra gran olvidada: la Justicia.
En cuatro años hemos trabajado intensamente en colaboración con todos. En esta Legislatura los responsable de Justicia en uno u otro sector: asociaciones de jueces, de secretarios judiciales, los sindicatos, las asociaciones de fiscales, hemos sido capaces de reflexionar y llegar a acuerdos para mejorar entre todos la Justicia.
En esta Legislatura se han aprobado 22 leyes en materia de Justicia leyes de las cuales 17 de ellas que se han aprobado con el 91% de los votos de la Cámara. Lo cual es bueno para la Justicia y es bueno para los ciudadanos.
Este diálogo y este consenso hizo posible la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a los títulos V y VI por los que se moderniza la Oficina Judicial dotando a la Administración de Justicia de nuevos métodos de trabajo.
La Ley surge después de más de 500 reuniones con todos los sectores implicados. La Ley es fruto de más de 40 acuerdos. La Ley se hace con un modelo que no tiene precedentes. Quisimos trabajar desde el consenso, desde la falta de partidismo y desde la despolitización, desde los mismos criterios que inspiraron los principios de reforma plasmados en el Pacto de Estado.
Esta Ley surge después de que el 13 junio de 2000 el Ministro de Justicia presentara los ejes básicos de la reforma de la Justicia en el Parlamento, después de que se constituyera a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, después de que la Comisión nombrara, el 22 de noviembre de 2001, un grupo de trabajo cuyo ponente Ángel Rodríguez fuera designado por consenso de todos los grupos parlamentarios, después de que transcurriera un año desde el que el mencionado ponente presentara un borrador de anteproyecto a la Comisión en mayo de 2002. Este caudal de diálogo exhaustivo nos permite tener la seguridad de que todos los que tenían algo que aportar al diseño de la nueva oficina han podido intervenir en la redacción de la Ley.
Hay que agradecer el consenso alcanzado con las Comunidades Autónomas en este y en otros aspectos, con quiénes hemos tenido 8 reuniones de la Conferencia Sectorial. Con los Grupos Parlamentario con quiénes nos hemos reunido en comisión de seguimiento en 6 ocasiones solo para tratar la nueva oficina judicial y con quiénes hemos mantenido 7 reuniones bilaterales. Con las asociaciones de jueces, con quines hemos mantenido 6 reuniones específicas. Hay que recordar también que el Consejo General del Poder Judicial emitió informe favorable a esta reforma, y hay que recordar que durante la tramitación parlamentaria se siguió consultando a este órgano ¨sobre diferentes modificaciones introducidas al texto. Se mantuvieron, asimismo,18 reuniones con los Secretarios Judiciales, con el Consejo de secretariado, con la Unión Progresista con quien se firmó un acuerdo concreto sobre el libro V. Se han hecho tres grandes acuerdos con todos los sindicatos: el 28 de noviembre de 2000 llegó a un preacuerdo que fue sometido a referéndum y recibió el apoyo del 71% de los trabajadores de los órganos judiciales.
La ley Orgánica del Poder Judicial supone la gran oportunidad de una reforma estructural fruto de muchas reflexiones. El funcionamiento de la Justicia es una cuestión sobre la que se lleva reflexionando desde el año 1979. Desde entonces la necesidad de reformar la oficina judicial ha sido un tema recurrente. Había que pasar de la reflexión a la decisión. La ley del año 1985 no abordó lo que se demanda de la Administración de Justicia como Servicio Público. Esta cuestión había quedado pendiente. La Justicia como poder y como nervio ético de la democracia había sido adaptada a la Constitución, el desarrollo orgánico de los derechos fundamentales y las garantías de un sistema democrático habían quedado consagradas y reguladas en textos normativos en la década posterior a la transición. Sin embargo los criterios de prestación del servicio público de la Justicia , que posibilitan la prestación de un servicio de mayor o menor calidad al ciudadano habían permanecido estancados en el Siglo XIX. La Justicia era la gran olvidada del importante proceso de modernización de la administración que hemos presenciado en las últimas décadas.
Esta ley supone un avance muy cualitativo en las competencias de las Comunidades Autónomas. Con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial la Comunidad asume competencias en lo relativo al funcionamiento y organización de las Oficinas Judiciales. La modernización de la Oficina , la gestión de los servicios comunes, los criterios aplicables en la relación de puestos de trabajo que sustituye al obsoleto sistema de plantilla son cuestiones en las que hoy la Comunidad Autónoma deberá ser oída.
El Ministerio de Justicia durante estos últimos cuatro años ha desarrollado una intensa labor para agilizar la justicia, para proteger los derechos de las víctimas y para en definitiva prestar un mejor servicio, más cercano y más moderno al ciudadano. Hoy la Justicia de Andalucía, y la Justicia de España asume nuevos retos. Hoy nuestra Justicia ha apostado por defender con más calidad y con más agilidad los derechos de los ciudadanos ante la justicia y proteger con más eficacia los intereses de las víctimas del delito. Hoy nuestra justicia está preparada para afrontar objetivos que hace cuatro años eran impensables.
La Ley de Juicios Rápidos, ha acelerado la acción de la justicia en aquellos delitos que menoscaban a diario la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Acelerar la acción de la Justicia es un mensaje claro a los que han convertido la delincuencia en su profesión. Es un mensaje de fortaleza de la sociedad y del Estado de Derecho frente a la delincuencia.
La puesta en marcha de los juicios rápidos en Andalucía ha supuesto una inversión de 12 millones de Euros, (12.250.757,48 Euros) del gobierno de España. Andalucía cuenta con medios añadidos a los ya existentes para la realización de juicios rápidos: cinco servicios de guardia diarios en grandes ciudades, 70 nuevos servicios de guardia reforzados en el resto del territorio, 6 jueces de refuerzo, 66 nuevos servicios de guardia del ministerio fiscal que unidos a los que existían suman 90 y 12 fiscales sustitutos.
Este es el primer año en el que nuestra justicia penal abre todos los días del año, mañana y tarde. Hoy nuestra justicia atiende de manera más ágil al ciudadano. Desde el mes de abril sólo en Andalucía se han enjuiciado 37.794 delitos en 72 horas o en 15 días como máximo y en todo el territorio español se han celebrado 162.668 juicios rápidos.
Eso está permitiendo dar una respuesta más humana y más ágil a la víctima del delito pero también está permitiendo reducir la delincuencia. Eso ha permitido reducir la delincuencia un 10,56% en Sevilla; los tirones de bolso un 34%; los robos en locales un 23%; lo hurtos un 16% y la sustracción de vehículos un 16% . Que la Justicia sea más ágil, sea más eficaz en la lucha contra la delincuencia demuestra que ése es un buen camino para acabar con la delincuencia. Por eso queremos seguir dotando de medios a la Justicia para hacer una Justicia más rápida.
En estos últimos años el Gobierno ha hecho una apuesta importante por poner todos los mecanismos legales; sustantivos y procedimentales a punto, para que nuestra justicia funcione con agilidad y con eficacia para amparar a quienes más lo necesitan : a las víctimas de violencia doméstica.
Hemos impulsado y puesto en marcha la Orden de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, integrando a todos los grupos parlamentarios y llegando a un consenso esencial para combatir la violencia doméstica.
En tan sólo 5 meses 6004 mujeres han sido protegidas por los jueces, amparadas en sus derechos y tuteladas por las administraciones.
En Andalucía se han acordado 900 órdenes de protección en 5 meses. Estas ordenes de protección han supuesto en cuanto a las medidas cautelares de carácter penal: 41 medidas cautelares de prisión provisional; 829 órdenes de alejamiento, 376 prohibiciones de comunicación del agresor con la víctima; 114 prohibiciones de volver al lugar de los hechos. En cuanto a las medidas civiles provisiones que los jueces han adoptado en Andalucía para amparar a la víctima entre el agresor estas son : 263 atribuciones de vivienda a la víctima; 258 asignaciones del derecho de custodia y visita a los hijos; 184 reconocimientos del derecho de prestación de alimentos; 12 medidas civiles de protección del menor para evitar peligro o perjuicio.
Hoy la Justicia trabaja intensamente en la defensa y protección de las maltratadas, porque hoy la Justicia cuenta con un elemento de cambio en la asistencia a la víctima porque hoy la víctima es la piedra angular en torno a la que gira la acción judicial.
Modernizamos nuestra justicia para prestar un mejor servicio al ciudadano. Nuestra justicia será más moderna cuando sea más cercana, cuando sea más ágil y cuando sea más eficaz. Nuestros ciudadanos, el justiciable, las víctimas de la delincuencia, las agredidas, los estafados merecen todo nuestro esfuerzo.
Nosotros hemos creído desde un principio en la capacidad de los profesionales de la justicia para dinamizar la administración de justicia y modernizarla. Hemos trabajado juntos, intensamente durante estos cuatro años para poder ofrecer hoy un mejor servicio al ciudadano. Un servicio que en el caso de Andalucía sitúa a la Justicia en condiciones de acometer los objetivos que nos hemos fijado. Nuevos retos que próximamente supondrán también la creación de juzgados de los mercantil en Andalucía y en toda España para resolver problemas del pequeño y mediano empresario y que conllevarán la implantación de juicios rápidos en materia de familia que agilizarán los procesos de separación, divorcio y tutela.
La confianza, el optimismo el empeño por mejorar nuestra justicia invertido por todos durante estos años empieza a dar sus frutos. Ha valido, sin duda la pena que en esta legislatura hayamos hecho todos un esfuerzo porque hoy nuestra justicia es mejor que hace 4 años Hemos puesto entre todos los cimientos que ya están haciendo posible una justicia más ágil y que atienda mejor a los ciudadanos. Y eso lo hemos hecho entre todas las Administraciones y entre todos los profesionales de la Justicia.
