La ciudad de la Justicia

El incumplimiento de unos y la propuesta mediática de los otros ha convertido el proyecto de una ciudad de la justicia para la ciudad de Sevilla en uno de los temas recurrentes de las últimas campañas para las elecciones municipales. Los compromisos eran tan seductores como inciertos ya que se trataba de cuadruplicar el espacio sobre el que ahora se desarrolla la actividad de la Administración de Justicia en Sevilla. Sin embargo, se prometía un suelo en Los Gordales no disponible, lo que le daba al proyecto un cierto aire de fraude político, sobre todo si se tiene en cuenta que del tema ya se hablaba en la década de los noventa del pasado siglo y que otras ciudades de nuestro país ya disfrutan de esos espacios tan necesarios en una sociedad tan judicializada como la nuestra.

Consciente el partido gobernante de la memoria histórica de la ciudadanía y a escasos dos meses de unas elecciones tenemos a vueltas al Consejero de Justicia presentando el mismo proyecto que hace años y solicitando al Consistorio la cesión gratuita de terrenos. En este escenario no es de extrañar que el partido de la oposición y que aspira a ganar las elecciones se vea forzado a plantear una oferta alternativa a partir de unos planteamientos completamente distintos, en esto, como en tantas otras cosas de mayor o menor importancia, siempre se observa la misma dificultad de los dos grandes partidos en entenderse y en priorizar el interés general frente a intereses partidistas o meramente electoralistas.

Quienes trabajamos en la Administración de Justicia estamos acostumbrados a ver que frente a un mismo problema pueden defenderse dos soluciones diametralmente opuestas, por muy sorprendente que resulte. Pero lo que nos debiera preocupar como ciudadanos, a la vista de lo acontecido en los últimos años, es comprobar cómo nuestros representantes públicos más allá de los intereses de la justicia, que es lo que realmente importa, instrumentalizan el tema como argumento electoral.

En la presentación del proyecto nuestro Alcalde no tuvo reparos en destacar por encima de otras consideraciones que la propuesta avalada por Junta de Andalucía tenía la ventaja de que iba a dinamizar urbanísticamente la zona donde se asentara. El argumento nos induce a pensar que otras muchas consideraciones pueden estar valorándose por encima de los intereses de la justicia. Desde luego sería imperdonable que la ciudad de la justicia fuera una suerte de “Aljarafe” de la justicia, en el que la improvisación campara por sus fueros.

La propuesta de la oposición es mantener los servicios de la justicia en el entorno del Prado, es decir, sencillamente, abandonar la idea de ciudad y, en su lugar, multiplicar la oferta de instalaciones y de metros cuadrados; mientras que la de quienes nos gobiernan es crear una ciudad en la periferia a modo de punta de lanza urbanística.

Vaya por delante que la denominación se debe entender en clave política. La expresión “ciudad de …” parece que produce cierta seducción entre el electorado, como si se tratara de algo rompedor y moderno. Pero ni es moderno ni hace honor a su nombre. No es moderno ya que hasta finales del siglo XIX los servicios de la justicia penal se prestaron de forma integrada, de manera que en el mismo lugar en el que se cumplía la pena, se celebraban los juicios y tenían su sede los juzgados, y de ahí el nombre de “salas”, con las que luego se iba a nombrar los órganos colegiados.

Pero tampoco son ciudades si por tales entendemos, como señala nuestra Real Academia de la Lengua, un “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. Luego lo de ciudad de la justicia es algo que no merece mayor atención y los proyectos hasta ahora conocidos, al menos, tienen en común el contenido. En ambos casos se trata de construir nuevos edificios para responder a las objetivas necesidades de crecimiento de este servicio esencial del Estado -como lo demuestra que tengamos ya más de cien unidades judiciales-. Las diferencias de más calado estarían entonces planteadas en torno a la disyuntiva de si es mejor una ubicación urbana y en una zona que los ciudadanos tienen asociada con la sede de los juzgados o, por el contrario, una nueva ubicación en la periferia. El argumento del crecimiento urbanístico o, incluso, el de la especulación del suelo tanto por las instituciones públicas, como por las privadas, no es que no deba merecer atención, sino que no puede constituir el argumento principal para optar por una u otra propuesta.

La primera cuestión que nos interesa destacar a modo de punto de arranque es que el problema es ante todo un problema de la justicia entendida como servicio público que el Estado está obligado a prestar a los ciudadanos. Esto deberíamos de tenerlo claro. Todos aquellos que tienen o van a tener responsabilidad política y, por tanto, capacidad de decisión sobre el tema, deben conocer cuáles son las necesidades reales de este servicio. Por supuesto no para satisfacerlas incondicionalmente por encima de todo, pero tampoco para condicionarla por razones de menor relevancia. La justicia es un problema de todos, la especulación urbanística, de unos pocos.

De manera que es inevitable que quienes trabajamos en los juzgados nos preguntemos de forma renovada por las necesidades prioritarias que deben ser atendidas y por las directrices a las que debe comprometerse este proyecto. En dos aspectos convenimos todos. El primero es la necesidad de contar con más espacio. Esto tiene no solo una dimensión cuantitativa –más metros cuadrados- sino también cualitativa -una distribución más racional del mismo-. Tratándose de Administración de Justicia quienes asuman la responsabilidad del proyecto deben estar atentos a las leyes. La distribución y dedicación del espacio tiene que tener en cuenta nuestras jurisdicciones, las conexiones entre ellas y las tendencias de futuro. En este sentido, debe considerarse que avanzamos hacia modelos más trasversales de justicia con más servicios de participación ciudadana.

También hay una convención casi unánime en la relevancia que deben tener los criterios de accesibilidad. Las dos propuestas que conocemos, la periférica y la urbana, Los Gordales y el Prado, cumplen satisfactoriamente las exigencias mínimas, considerando los recursos de que dispone nuestra ciudad para los transportes. Pero una y otra nos parece que pueden cometer un mismo error y esto queremos destacarlo. Junto a los justiciables, entendiendo por tales los usuarios de la justicia, cuya presencia en el complejo de edificios será episódica, el proyecto debe tener muy en consideración el importante volumen de profesionales -abogados, procuradores, funcionarios, peritos y demás- que cada día van a acudir a dicha zona. Es evidente que la iniciativa privada se encargara de suministrar aquellos servicios que resulten lucrativos -restaurantes, librerías, copisterías, etc-, pero más allá de estos hay otros que solo es previsible que sean aportados por el mismo proyecto e integrados en él para que no se traduzcan en una inevitable elevación de los costos de la justicia que termine redundado negativamente en el ciudadano. Así, por señalar algo concreto, una opción perimetral debería ir acompañada de una política de promoción del trasporte público. Pero también es preciso contar con zonas ajardinadas, que hagan agradable y fluida la comunicación entre los edificios o soluciones de espacio para los profesionales que no les obligue a permanecer inactivos entre diligencia y diligencia.

La demanda o necesidad de esta ciudad de la justicia es algo que nos atañe no solo a los profesionales que desarrollamos nuestra labor en este mundo, sino también a los ciudadanos que de alguna manera a lo largo de sus vidas tendrán alguna relación con la Administración de Justicia y también involucra de manera directa a los poderes públicos y ello por la obligación que tienen de prestar un servicio público y de calidad. Por ello, desde mi posición en primer lugar de ciudadana, en segundo lugar de jurista y en tercer lugar de militante de un partido político minoritario, que aspira a cambiar la forma de gobernar de los partidos con mayor representación, es por lo que solicito a aquellos que tienen en su mano la posibilidad de ejecutar este proyecto que dejen de lado sus insalvables diferencias políticas y, considerando las reflexiones precedentes, inicien las obras de una vez por todas.