El empleo sumergido un grave problema en nuestra economía
La falta de conciencia, de respeto y en algunos casos el instinto egoísta de las personas hacen de una práctica ilegal, una muy habitual y cada vez más desarrollada en España: El empleo sumergido.
Es latente que en estos últimos años de crisis las empresas han tenido que adoptar medidas extraordinarias en el ámbito de su funcionamiento, entre las que destacan el concurso de empresas y la declaración de situación de ERE, entre otras. Estas situaciones generan los despidos de trabajadores, que a su vez ven mermada su capacidad de poder desempeñar otro trabajo en otro ámbito ya que adolecen de formación y conocimientos necesarios para desarrollar una actividad distinta a la que venían desempeñando.
El trabajo sumergido siempre ha existido y no se establece que sea un problema actual o derivado por la situación precaria que nuestro País está sufriendo desde hace unos años, pero sí se ha de reconocer que a raíz de los problemas económicos, los concursos de empresas, los despidos y por ende el sentimiento de desánimo y miedo de los trabajadores de no poder desarrollarse ni profesional ni personalmente genera una situación, que a priori, muchos consideran un alivio y una seguridad ante un futuro incierto.
Uno de los principales problemas es la actitud de los empresarios que burlan la ley con este tipo de “contratación” fraudulenta, ya que tienen a personas a su cargo desempeñando las funciones propias de la explotación empresarial. Esta “contratación” se desarrolla sin ninguna carga exceptuando el pago del salario que en la mayoría de los casos es impuesta de forma arbitraria a los trabajadores, obviando por completo cualquier protección salarial como es el SMI.
Por desgracia se conocen a un gran número de personas en esta situación y ellos mismos se consideran trabajadores y se debe destacar que en sentido global la humanidad ha estado luchando por una regulación del trabajo, de los salarios, de convenios colectivos, de la no discriminación en las relaciones laborales y de protección del trabajador en el desempeño de sus funciones entre otras y con el empleo sumergido no podemos catalogar a estas personas como trabajadores, puesto que se les están negando (y ellos mismos rechazan) todos los derechos laborales que les son reconocidos legalmente.
La necesidad ante la cual una persona es capaz de renunciar a sus derechos laborales puede ser entendida dentro de una situación precaria, pero ante esta cuestión surge una pregunta ¿y aquellas personas que están cobrando el subsidio por desempleo (el paro) y además trabajan de forma irregular cobrando y participando en el flujo del dinero negro? Es este el punto de inflexión que invita a reflexionar sobre la falta de conciencia y de respeto de las personas que se aprovechan de esta situación no para poder sobrevivir sino para beneficiarse.
La falta de conciencia se entiende cuando una persona tiene un ingreso de un subsidio en su unidad familiar y debe de ser consciente que si aún así no tiene recursos económicos suficientes existen muchas ayudas y subvenciones que complementan la carencia económica, un ejemplo de ello es el llamado salario social o renta mínima de inserción que cubre las necesidades según las demandas de cada solicitante y de su entorno familiar. Por lo que aceptando empleos sumergidos no es la opción única de poder complementar esa carencia económica que en muchos casos no son cubiertas con el subsidio por desempleo.
La falta de respeto se entiende con la renuncia de unos derechos reconocidos al trabajador después de una gran lucha en nuestra sociedad porque sean establecidos legalmente y podamos hacer uso de ellos ante cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores.
Resulta de una hipocresía imponente el tomar como estandarte regulaciones como el Estatuto de los Trabajadores, cuando después hay personas que por comodidad o por desconocimiento de otras ayudas complementarias renuncian en el siglo XXI a estos derechos, sin acordarse de que unos de los primeros conocimientos del origen del Trabajo lo encontramos en la época greco-romana cuando se hablaba por aquel entonces de los esclavos y libertos que no eran más que mano de obra, a la que incluso podían llegar a arrendar a otros sujetos. Nada más lejos de la realidad actual podemos observarlo con prácticas como la “cesión ilegal de trabajadores” y el empleo sumergido, utilizando mano de obra barata sin las garantías ni la protección necesaria de los trabajadores.
Para poder parar esta oleada de contratación fraudulenta se llevó a cabo el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
No obstante, transcurrido un año de la entrada en vigor del Real Decreto- ley 5/2011 el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) hace público el pasado mes de abril de 2012 que el empleo sumergido se computa en un tercio de la economía sumergida, moviendo 82.500 millones.
Además el mismo Sindicato especifica que las mayores “bolsas” de empleo sumergido las encontramos en Cataluña (14.766 millones), Madrid (12.350 millones) y Andalucía (11.549 millones), estas cifras muestran que hay que seguir esperando para ver cumplidas las expectativas que se intentan con el Real Decreto- ley 5/2011 y si realmente es la solución a esta gran problemática actual.
