Abogados de los desfavorecidos
Históricamente los abogados nos venimos ocupando de asistir gratuitamente a las personas necesitadas de defensa por insuficiencia de medios económicos, asistiéndolas ante los tribunales de igual modo que actuamos con nuestros clientes de libre designación. La Constitución dispone que la justicia será gratuita para quienes carezcan de recursos, obligando al Estado a garantizar el derecho de todos a la defensa y a la tutela judicial. La ley de asistencia jurídica gratuita confiere a los colegios de abogados la efectividad de ese importante derecho de la persona, atribuyéndoles la organización y prestación del servicio a través de sus colegiados.
En primer término quede claro que el abogado que actúa de oficio no es un profesional distinto de los demás sino un letrado más, como cualquier otro, que ejerce libremente la abogacía y además asume el encargo que le hace su colegio. Por fortuna no tenemos en España abogados de oficio sino letrados que intervienen en turno de oficio, que es bien distinto, no existiendo letrados que se dediquen en exclusiva a defender a las personas indefensas ni cuerpo funcionarial que se ocupe de prestar asistencia jurídica gratuita.
En ese contexto los sondeos de opinión evidencian que los ciudadanos prefieren ser defendidos por abogados independientes antes que por funcionarios juristas. El secreto profesional queda así plenamente garantizado y además pronto surge una relación de confianza con el defensor, en contraposición a las reticencias que normalmente genera en el justiciable cualquier figura funcionarial. Lo cierto es que en España tenemos el mejor sistema de justicia gratuita de nuestro entorno gracias a miles de profesionales independientes, tan comprometidos con la Justicia como indignamente remunerados por las administraciones territorialmente competentes.
En mis muchos años de servicio institucional a la abogacía sevillana he constatado que el letrado actúa de oficio con total libertad, exquisita profesionalidad y en igual modo que cuando interviene por libre designación, no discriminando en nada a los beneficiarios de justicia gratuita. Además reciben de su ente corporativo una valiosa formación continua especializada en menores infractores, extranjería, violencia de género, explotación de seres humanos y otras muchas materias altamente sensibles, así como en las ramas generales del derecho. Ello se traduce en un importante plus de calidad de la asistencia jurídica gratuita.
Sin los abogados de oficio casi un setenta por ciento de los juicios y actos judiciales que tienen lugar cada día no se podrían celebrar, la justicia se colapsaría y el propio estado de derecho entraría en quiebra. Sin ellos la justicia sería irrealizable, por ser preceptiva su intervención pero también porque normalmente la calidad de su actuación acaba determinando el resultado de la decisión jurisdiccional. Ellos evitan que la maquinaria judicial incurra en errores, contribuyen decisivamente a deshacer entuertos y hacen aflorar mil matices fácticos y jurídicos, que acaban posibilitando la realización del valor Justicia.
Son inaceptables las ínfimas cuantías económicas con las que la Junta de Andalucía y demás administraciones pertinentes vienen retribuyendo ese arduo trabajo, fundamental en un estado social de derecho. Por desgracia no cesa ese histórico agravio hacia la abogacía que merece mejor trato por un elemental sentido de equidad, pues es inaudito e injusto que el coste de un servicio público sea soportado en gran medida por los propios profesionales que lo prestan. La Junta de Andalucía debiera ser pionera en dignificar la remuneración de los abogados cuando actúan de oficio, poniendo fin ahora a la política cicatera que durante décadas han mantenido los anteriores gobiernos autonómicos.
Puedo aseverar que mis colegas intervienen de oficio fundamentalmente por la íntima satisfacción que les produce el trabajo bien hecho, la leal colaboración con la Justicia y la solidaridad repleta de humanidad con los indefensos. Pero es ya inaplazable hacer justicia a quienes se dedican a procurarla para los demás. Mientras, responsablemente los abogados continuaremos desempeñando nuestra labor por amor a la profesión y a la Justicia: siempre fieles al honroso espíritu de filantropía hacia los necesitados de defensa y con una enorme vocación por el noble oficio de defender a los más desfavorecidos.
José Joaquín Gallardo es abogado
