El servicio público de la Administración de Justicia en Andalucía
La Administración de la Administración de Justicia en Andalucía ha sido testigo y destinataria de un positivo cambio que la convierte actualmente en un servicio público de calidad. El mes de Abril de 1997, fecha en que asumimos íntegramente la gestión de las competencias en esta materia, marca el inicio de una nueva etapa caracterizada por la consecución de un objetivo: la mejora de las condiciones en las que se presta a los ciudadanos la tutela judicial.
Los primeros años de desarrollo de las competencias estuvieron dirigidos principalmente al estudio del estado en el que se encontraban las dependencias judiciales, los medios técnicos y la situación de la plantilla judicial. Esta fase de análisis se desarrolló de forma paralela a la puesta en marcha de medidas de actuación inmediata debido a la lamentable situación en la que se encontraba la Administración de Justicia en nuestra Comunidad antes de la asunción de las competencias.
En el momento de las transferencias la situación de la Administración de Justicia en Andalucía se podría calificar de muy deficiente. El costo de las transferencias apenas alcanzaba los 114 millones de euros (19.000 millones de pesetas) y el presupuesto de inversiones transferido fue de poco más de 8 millones de euros (1.400 millones de pesetas), que constituía la parte proporcional del raquítico capítulo de inversiones del Ministerio de Justicia; las oficinas judiciales carecían de toda dotación informática y de elementos organizativos racionales que las hicieran más eficientes; el número de funcionarios al servicio de las mismas resultaba escaso y estaba mal distribuido.
La Junta de Andalucía, desde el primer momento, consideró como premisa fundamental la construcción de un servicio público de Justicia, haciendo suyo un compromiso basado en los siguientes principios:
• Alcanzar un mayor nivel de autogobierno mediante el ejercicio y desarrollo de la competencia en materia de Justicia reconocida por el Estatuto en su artículo 52.
• Garantizar el derecho de los ciudadanos andaluces a la consecución de una tutela judicial efectiva, apoyada en un aparato administrativo eficaz, ágil y accesible por igual a todos los ciudadanos.
• Establecer medidas para que los ciudadanos andaluces pudieran comparecer ante los Tribunales en situación de igualdad, contando con una defensa jurídica gratuita y de calidad, técnicamente preparada y profesionalmente comprometida en la defensa de sus derechos.
Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que los ciudadanos andaluces reciben hoy un servicio público de Justicia que responde de forma real a esta calificación. Pero es necesario continuar algunas de las líneas de trabajo ya iniciadas, y abordar nuevos temas, para conseguir que el sistema judicial en Andalucía obtenga el perfil de un auténtico servicio público, prestado a los ciudadanos con transparencia, eficacia y eficiencia, y con la calidad que exigimos del resto de la Administración.
Esfuerzo inversor del Gobierno Andaluz
El incremento que ha ido experimentando el programa de la modernización de la Administración de Justicia dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde que se asumieron las competencias, ha sido considerable. El ejemplo más significativo del compromiso por la modernización de la Administración de Justicia, reside en el hecho demostrable de que se ha doblado la cantidad cedida por el Ministerio de Justicia en 1997.
El aumento del número de los órganos judiciales, alcanzando los 564, ha supuesto la reducción de la ratio existente entre el número de habitantes y el número de jueces, a pesar de que en estos años la población andaluza ha crecido de manera importante. La creación y puesta en marcha de cada nuevo órgano judicial supone una inversión media de 300.000 euros por cada uno de ellos. De todos estos nuevos órganos judiciales, 78, es decir un 14%, han sido creados y financiados exclusivamente con recursos propios de la Comunidad Autónoma.
Órganos creados durante los años 2002-2003
En el año 2002
Juzgado nº 7 Contencioso-Administrtivo de Sevilla
Juzgado nº 3 Contencioso-Administrativo de Córdoba
Juzgado nº 4 de lo Social de Córdoba
Juzgado nº 7 de lo Social de Granada
Cinco plazas de Magistrado Tribunales
Superiores de Justicia: tres en Granada y dos en Málaga
En el 2003
Juzgado nº 23 de Primera Instancia Sevilla
Juzgado nº 5 de Instrucción Almería
Juzgado nº 14 de Instrucción Málaga
Juzgado nº 7 Primera Instancia e Instrucción Algeciras
Juzgado nº 8 de Primera Instancia
e Instrucción Jerez de la Frontera
Juzgado nº 5 de Primera Instancia e Instrucción Dos Hermanas
Los órganos judiciales en Andalucía
TSJA civil-penal 1
TSJA social 3
TSJA contencioso 3
AP secciones Mix 21
AP sec. Civil 9
AP sec. Penal 10
1ª Instancia 78
Instrucción 67
1ªInst.e Instrucción 212
Penal 53
Social 46
Contencioso 26
Menores 11
Vigilancia Penitenciaria 10
Registro civil 2
Decanos 2
TOTAL 564
Como consecuencia de la creación de los nuevos órganos, así como de las mejoras para adecuar las plantillas judiciales a los parámetros acordados por la Comisión Mixta Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Consejería de Justicia y Administración Pública y con las propias organizaciones sindicales, se ha producido el consiguiente aumento de plantilla, pasando de 5.382 empleados públicos durante el año 2002 a 6.139 en el 2003, con un incremento de 757 personas.
AÑO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
FORENSES
131
131
131
132
139
135
157
SEC. PAZ
106
106
105
109
109
107
113
OFICIALES
1.412
1.419
1.458
1.507
1.655
1.648
1.746
AUXILIARES
2.302
2.321
2.402
2.492
2.633
2.546
2.794
AGENTES
1.801
1.083
1.111
1.142
1.257
1.204
1.329
TOTAL
5.032
5.060
5.207
5.382
5.793
5.640
6.139
La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial va a suponer un tremendo esfuerzo económico y organizativo para todas las partes del sistema judicial. Se calcula que, desde el punto de vista económico y sólo para el año 2004, el gasto global en retribuciones del personal se incrementa en 10,5 millones de euros. Estamos convencidos de que la actual organización judicial ha de experimentar un cambio radical para poder servir a los ciudadanos, y trabajamos ya en esta línea.
Evidentemente, el Gobierno Andaluz considera que es necesaria una mayor dotación de jueces en Andalucía, que puedan resolver debidamente el número creciente de asuntos. Por ello, se ha realizado, junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una planificación para los próximos tres años, que supone un crecimiento de más de 50 órganos judiciales (incluyendo los nuevos Juzgados Mercantiles). Asimismo, sería necesario establecer un estudio de la distribución de las Fiscalías en Andalucía, acorde con la propia distribución de órganos judiciales.
Continuando con el análisis de la organización de la Administración de Justicia, basándonos en el modelo estudiado en el Libro Blanco de la Justicia, se pusieron en marcha los Servicios Comunes de Actos de Notificación en todas las capitales, pero además, en el año 2002, se crearon, en doce localidades, los Servicios Comunes de Partido Judicial, proyecto aprobado y elogiado por el Consejo General del Poder Judicial, que incorpora, además de los actos de notificación, el Registro único, el reparto y la atención al ciudadano. La apertura de nuevos Servicios de estas características se extenderán paulatinamente al resto de localidades que cuenten con dos o más órganos judiciales. Así mismo, a lo largo del 2003 se han puesto en funcionamiento otros doce Servicios Comunes. En la actualidad, de los 85 Partidos Judiciales de Andalucía, 32 disponen de Servicios Comunes, a los que hay que sumar los doce Partidos Judiciales de juzgado único, con lo que más de la mitad de los Partidos Judiciales están dotados de este dispositivo de gestión que mejora eficazmente la calidad y rapidez del servicio de la Justicia.
La Administración de Justicia en Andalucía ha conseguido que la tasa de pendencia se haya reducido, y ha disminuido también la duración media de los procedimientos. Esta Consejería es la única que ha llevado adelante un estudio sobre la duración de los procedimientos civiles, adelantándose a cualquier otro gestor español, e incluso a muchos estados europeos. El indicador ha sido elaborado a partir de la gestión informatizada de los órganos judiciales. De esta forma se puede afirmar que en Andalucía ha disminuido el tiempo de duración de los asuntos civiles en los dos últimos años, señalándose como algunas de las causas de esta mejora la implantación de los Servicios Comunes y la informatización integral de los Juzgados, así como la aplicación de planes especiales de refuerzo en determinados órganos judiciales.
Afrontar en solitario las reformas legales
Andalucía está haciendo frente a la modernización de la Administración de Justicia con ilusión y con esfuerzo, responsabilizándose, en solitario, del coste de las numerosas reformas legislativas que se han llevado a cabo hasta la fecha. Todas las modificaciones legislativas se han incorporado sin ninguna demora en el sistema judicial andaluz.
La puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil ocasionó importantes gastos. La ampliación del número de salas de vistas y la instalación de los equipos de grabación digital de las vistas y comparecencias, su transmisión a los expedientes, la adquisición de equipos de duplicación para la entrega de copias en soporte digital a las partes, y la ampliación de la capacidad de los servidores del sistema informático para permitir el almacenamiento de las imágenes, supusieron una inversión inicial de 6.250.000 de euros (1.040 millones de pesetas).
A la luz de los datos recabados se puede comprobar los efectos positivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sin embargo se disuelven a la hora de la ejecución de la sentencia. Sería necesario revisar totalmente estos procedimientos para conseguir que la Justicia sea efectiva, y esto implica el desarrollo de una medida legislativa. La Junta de Andalucía continuará en la línea de ampliación y mejora de los servicios comunes, muy importantes en esta fase de ejecución de las sentencias.
En cuanto a la Ley del Menor, el énfasis se puso en los medios personales, duplicando los equipos técnicos y reforzando las guardias. En total, el incremento de plantillas fue de un Forense, veintinueve Oficiales, sesenta y un Auxiliares, dieciocho Agentes, once Psicólogos, once Educadores y once Trabajadores Sociales, con un incremento de gastos anual de alrededor de tres millones de euros. A ello hay que añadir el alquiler o construcción de nuevas sedes y la dotación de medios a las mismas, lo que supuso un gasto de 14,5 millones de euros. En total, esta reforma ha requerido una inversión de 17,5 millones de euros (casi 3.000 millones de pesetas).
La última reforma legal puesta en vigor ha sido la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los Juicios Rápidos. En el caso de Andalucía, al incremento del gasto de personal debido a las guardias de los órganos judiciales, habrá que sumar la inversión en nuevos sistemas de grabación, nuevos equipos portátiles, instalación de más líneas de videoconferencia y puntos de acceso a registros, modificación de aplicaciones procesales, adecuación de salas y edificios, contratos de asistencia técnica para peritos tasadores e interpretes, incremento del coste de la Justicia gratuita, etc. En total hemos invertido casi cinco millones de euros.
La financiación de los nuevos órganos judiciales suman un total de veintidós millones ciento veinte mil euros, a los que habrá que añadir el coste de los nuevos órganos judiciales que entraron en funcionamiento en el mes de diciembre de 2003; además, ya se prevé el coste de la entrada en funcionamiento de los futuros juzgados mercantiles y de la reforma de los libros V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En definitiva, las reformas legales han supuesto un gasto, afrontado exclusivamente con recursos de los andaluces, de casi cinco mil millones de pesetas.
Independientemente de los fondos que correspondería recibir a las Comunidades Autónomas por los intereses devengados por los depósitos judiciales, se estima que el Gobierno de la Nación mantiene una deuda por varios conceptos de más de 60 millones de euros con nuestra Comunidad Autónoma.
Nuevas y modernas sedes judiciales
De las más de 80 actuaciones que prevé el Plan de Infraestructuras Judiciales para la reforma, ampliación y nueva construcción de las sedes judiciales en Andalucía, se está actuando o se actuará en los próximos meses en 49 proyectos, que propiciarán una nueva dimensión dignificada de los espacios destinados a ejercer la tutela judicial en nuestra Comunidad Autónoma. Durante el año 2003, se realizó una inversión de casi treinta millones de euros y para el año 2004 se prevé un total de cincuenta y cuatro millones de euros destinados a la mejora de las infraestructuras judiciales.
Actuaciones del Plan de Infraestructuras Judiciales
Obras finalizadas:
Motril, Guadix, Cazorla, Baeza, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Marbella, La Carolina, Linares, Martos y Almería (Edificio Puente)
Obras iniciadas:
Sanlúcar de Barrameda, Loja, Santa Fe, Aracena, Ciudad de la Justicia de Málaga, Ubrique, Ronda, Berja, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Pozoblanco, Baza, Úbeda, Antequera y Dos Hermanas
Proyectos en redacción:
El Ejido, Arcos, San Roque, San Fernando, Huelva, Marchena, Lora del Río, Cabra, Montoro, Priego, Húescar, Puente Genil, Andújar, Coín, Morón de la Frontera, Ciudad de la Justicia de Almería, Instituto de Medicina Legal de Sevilla e Instituto de Medicina Legal de Granada
Adquisiciones Patrimoniales:
San Roque, Granada (Edificio La Caleta), Baena, Jerez de la Frontera (Edificio Alcazaba)
Actualmente todos los órganos judiciales de Andalucía están informatizados mediante el desarrollo y ejecución de la primera fase del Plan Adriano. La financiación de estas actuaciones ha supuesto una inversión de casi cuarenta y cuatro millones de euros. En el año 2003 se ha llevado a cabo la renovación de equipos con la instalación de 423 ordenadores y cerca de 300 impresoras en 354 órganos de apoyo a la administración judicial, consolidando y mejorando el sistema de aplicaciones informáticas, así como la dotación de equipos informáticos y de un programa adecuado a más de la tercera parte de los Juzgados de Paz.
La segunda fase de este Plan de informatización permitirá la mejora de las aplicaciones y de los sistemas de información, el desarrollo de la Firma Digital y Red Privada Virtual Segura para afianzar la seguridad y comunicación de la red judicial, incluyendo la implantación de los programas necesarios en el desarrollo de los nuevos requerimientos procesales.
El Plan Adriano no es sólo la dotación de ordenadores a los Juzgados, sino el establecimiento de una estructura integral de gestión e información procesal, comunicaciones, y otras herramientas técnicas que suponen la modernización de los juzgados. Hoy la Justicia en Andalucía está dotada del sistema informático más moderno y más eficiente de los de nuestro país.
Dotación Informática de los Órganos Judiciales 1997-2003
Órganos Judiciales (*) 583
Ordenadores 8.293
Impresoras Láser 2.042
Impresoras. Inyección 2.617
Servidores 201
Puntos de red 8.084
Inversión – euros ** 43.831.476
* Se incluyen como órganos judiciales las Fiscalías y destacamentos de éstas
** En la inversión total se consideran también los sistemas de gestión procesal, la dotación de sistemas digitales de grabación a salas de vistas y despachos judiciales, la informatización de los Institutos de Medicina Legal, y la dotación de ordenadores e impresoras a Juzgados de Paz.
Justicia de proximidad
La Junta de Andalucía ha potenciado la Justicia de Paz en nuestra Comunidad, consciente del papel que tiene encomendada como Justicia más cercana al ciudadano, y sin perjuicio de la competencia de los Ayuntamientos en la provisión de medios materiales y económicos de estos órganos, pero buscando la máxima colaboración y coordinación entre Administraciones.
En este sentido, se han incrementado las asignaciones anuales destinadas a los gastos de mantenimiento de los Juzgados de Paz, a través de las subvenciones a los Ayuntamientos incidiendo fundamentalmente en los de menor número de habitantes y, por tanto, los de menor nivel de recursos para el desarrollo de esta competencia municipal. También se ha consolidado la línea iniciada en el año 2002, de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces, para la mejora de la Infraestructura y gastos de Equipamiento de estas sedes, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo para los profesionales de la Justicia, haciendo más funcionales y modernas estas instalaciones.
Actualmente se está llevando a cabo la implantación de nuevas tecnologías en los Juzgados de Paz, a través de la dotación del equipamiento necesario y de la progresiva instalación y conexión a la red informática de la Justicia de Paz. De esta forma se permite su acceso, y el de los ciudadanos, a la red de recursos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, al funcionamiento y servicios de la Administración de Justicia.
Desde las transferencias en el año 1997, los presupuestos destinados a Justicia de Paz por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han cuadruplicado, alcanzando para el año 2004 más de cuatro millones de euros.
Asistencia al ciudadano.
Andalucía ha realizado un gran esfuerzo desde la asunción de las competencias de Justicia en 1997 para mejorar el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y garantizar la defensa jurídica de todas aquellas personas que carecen de recursos económicos. El gasto en Asistencia Jurídica Gratuita ha pasado de los algo más de seis millones de euros en el año de las transferencias, a los casi veinte millones destinados durante el año 2003 a esta materia. La creación de los Turnos de Oficio Especializados en violencia de género, menores, penitenciaría e inmigrantes, es un claro indicativo del compromiso social que mantiene la Junta de Andalucía con los colectivos más desfavorecidos.
El número de andaluces beneficiarios de este servicio gratuito, también se ha visto incrementado de los 42.200 de 1998 a los más de 74.000 del pasado año.
La colaboración y profesionalidad de los Colegios de Abogados y Procuradores de Andalucía ha permitido mejorar la calidad del servicio que se presta en los Turnos de Oficio a través de la especialización de los profesionales que lo atienden. De igual forma, se ha producido un importante aumento en las retribuciones que perciben los letrados y procuradores por la prestación de este servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, en un 33% y un 100% respectivamente.
Frente a los 42.208 procedimientos resueltos por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el año 1998 –de los que 39.850 terminaron con resolución estimatoria-, en el año 2001 fueron resueltos 50.419 expedientes, en los que fue concedido el derecho a litigar gratuitamente a 48.331 ciudadanos andaluces; en el año 2002 se han resuelto un total de 77.329 procedimientos, habiéndose estimado 74.731 solicitudes. Estas cifras suponen un incremento del 83,21% desde el año 1998 al 2002.
En el año 2003 se han resuelto por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía un total de 95.743 procedimientos, estimándose el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita en 92.089 expedientes. Así, alrededor de 300.000 asuntos, o lo que es lo mismo, 300.000 ciudadanos andaluces, han sido atendidos en su actuación ante los Tribunales y Juzgados de Andalucía por abogados de oficio. Durante el año pasado, se han pagado 31.514 guardias, en las que posiblemente se hayan alcanzado las 100.000 asistencias en Juzgados y comisarías, y 17.831 asistencias individualizadas a detenidos.
Pagos por la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita 2000/2003 en Andalucía
EJERCICIO GASTO/PTAS GASTO/EUROS
1997 1.051.194.981 6.317.809
1998 1.924.361.743 11.565.647
1999 1.980.262.370 11.901.617
2000 2.034.175.064 12.225.638
2001 2.140.838.961 12.866.701
2002 3.304.554.892 19.860.775
2003 3.315.124.080 19.924.296
Dentro de la prestación del servicios de atención al ciudadano destaca la puesta en marcha del Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía SAVA, en cada una de las ocho provincias incluyendo una delegación en Algeciras y Guadix, facilitando la atención piscológica, social y jurídica de un gran número de personas que han sido víctimas de diferentes delitos y faltas. El SAVA realizó un total de 63.000 actuaciones durante el año 2003, atendiendo a 1.650 víctimas de faltas y más de 1.300 agresiones con carácter de delito.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de poner en marcha diversas actuaciones para recuperar nuestra memoria histórica, como respuesta ponderada y al mismo tiempo justa, para la necesaria constatación de las consecuencias que tuvieron los acontecimientos históricos acaecidos durante el periodo de la Guerra Civil y los años sucesivos de dictadura. Dichas actuaciones van encaminadas fundamentalmente a establecer un marco adecuado para el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante dicha contienda, así como al reconocimiento público y económico de miles de andaluces que sufrieron privación de libertad por defender los valores democráticos. Se trata, pues, de la recuperación de un olvido injusto e interesado, poniendo en valor las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en colaboración con ayuntamientos, asociaciones, familias y universidades, así como el pago de las indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad.
El presupuesto destinado para dichas indemnizaciones supera los 8 millones de euros. Asimismo, para el apartado de recuperación de memoria histórica se cuenta con un presupuesto inicial de 300 mil euros.
Institutos de Medicinal Legal.
La medicina Legal en Andalucía ha sido testigo y beneficiaria de una mejora cualitativa sustancial. Los nuevos Institutos de Medicina Legal (IML) entraron en pleno funcionamiento en cinco provincias a mediados del 2.003. Los IML de Cádiz, Huelva y Jaén, se crearán durante los primeros meses de 2004. Estas actuaciones han supuesto un cambio radical en la intervención de los forenses en el ámbito judicial, ofreciendo un servicio especializado y científicamente riguroso.
Actualmente se trabaja en la formulación de protocolos de actuación que han facilitado el trabajo de estos profesionales.
Para el año 2003 se ha destinado 74.229 euros, para el Instituto de Medicina Legal de Granada, y 126.343 para el de Sevilla, además de las cantidades previstas para cubrir el coste de las nuevas plantillas, que se han visto en algunos casos casi duplicadas. También ha sido necesario dotarlos de material clínico, equipamiento informático y reservas de espacio en las sedes judiciales incluidas en el Plan de Infraestructuras.
La creación de los IML ha respondido también a la necesidad de mejora de los medios puestos al servicio de los ciudadanos. La finalidad es conseguir una actuación en el campo de la medicina legal técnicamente irreprochable, apoyada en una mejor preparación profesional y en unos medios materiales modernos. Así se aseguran tanto los derechos de las víctimas como los de los imputados en los procedimientos penales, y se resuelven temas tales como las incapacidades, filiaciones, etc. Los IML son hoy una realidad en Andalucía, que debe progresar de forma notable en los próximos años.
Juicios Rápidos
La puesta en marcha de los Juicios Rápidos, tras la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, ha supuesto, para la Consejería de Justicia y Administración Pública en Andalucía, consecuencias económicas y organizativas importantes. Se han ampliado en muchos partidos judiciales, y especialmente en los de mayor conflictividad, las dependencias e instalaciones destinadas a víctimas, testigos, policía, letrados etc., lo que ha requerido obras en cuarenta partidos judiciales.
A estas cantidades, debe añadirse el coste del mobiliario correspondiente, para más de la mitad de los partidos judiciales y las adquisiciones de material informático, ordenadores y sistemas de videograbación.
A todo ello se suma el coste de las guardias y el previsto para retribuir a peritos e intérpretes, así como para llevar a cabo los desplazamientos de Fiscales y otros operadores en los Juicios Rápidos. En total, el gasto realizado durante el año 2003 para esta nueva tarea sobrepasa los cinco millones de euros y significa un coste añadido al que ya era atribuible a cada uno de estos asuntos.
La implantación de los Juicios Rápidos proporciona materia para reflexionar sobre la necesidad de cambios procesales. Desde la entrada en vigor de los Juicios Rápidos, en Andalucía se han celebrado 24.302 procedimientos de este tipo, es decir, casi la cuarta parte del total de los celebrados en toda España. Por ello, creemos que es posible, con determinadas modificaciones legislativas, mejorar la gestión de los órganos judiciales, teniendo siempre bien presente la necesaria relación entre el coste de las medidas y el beneficio que produzcan. En el caso de los Juicios Rápidos, sería necesario revisar la materia sobre la que versan, que es a todas luces desproporcionada, pero sí podría utilizarse esa experiencia para mejorar en otro tipo de asuntos.
Especialización y colaboración
Dentro del ámbito de la especialización de los profesionales al servicio de la Justicia, se han realizado actividades de formación para todos los intervinientes en esta Administración. Así, se realizan anualmente ocho cursos para funcionarios de contenido jurídico y procesal, en la modalidad de formación a distancia, y se continua con los Planes concertados de Formación para Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, así como para Jueces y Secretarios de Paz.
Paralelamente se están desarrollando los Planes Especiales, fruto de acuerdos con los sindicatos del Área de Justicia, como respuesta a la demanda de una Justicia eficaz y de calidad, estableciendo, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, programas de apoyo y refuerzo en aquellos órganos que por su especial dificultad, o por acumulación de asuntos, así lo demanden.
El Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía han constituido mediante un convenio el Foro de formación y estudios medioambientales del Poder Judicial en Andalucía, por el que se están desarrollando actividades formativas en las distintas provincias andaluzas con un óptimo resultado para esta especialidad, como paso previo a la constitución de un centro de formación permanente en nuestra Comunidad Autónoma.
Por lo que se refiere al desarrollo normativo, el Proyecto de Ley de Colegios Profesionales y el del Colegio de Logopedas han sido recientemente aprobados en el Parlamento Andaluz, y actualmente, se encuentran en tramitación parlamentaria los Proyectos de Ley de creación de tres Colegios Profesionales: Ingenieros Informáticos, Ingenieros Técnicos Informáticos y Educadores Sociales. El anteproyecto de Ley de Fundaciones ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento, y se han iniciado los trabajos previos de un anteproyecto de Ley de Mediación Extrajudicial, haciendo especial hincapié en el ámbito familiar.
Desde la Junta de Andalucía ponemos en valor una seña de identidad que ha marcado nuestro modelo de gestión en la Administración de Justicia: el diálogo institucional y el consenso. El funcionamiento modélico de la Comisión Mixta TSJA – Consejería de Justicia, la creación de la Comisión de Coordinación con el Ministerio Fiscal en Andalucía y el diálogo constante con las asociaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales han propiciado un marco de propuestas y soluciones que, sin duda, ha facilitado el trabajo de todas las partes implicadas.
Los acuerdos con los sindicatos representantes del personal al servicio de la Administración de Justicia han mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo de dicho personal. También el diálogo con los ayuntamientos andaluces ha creado un clima de entendimiento para facilitar el desarrollo del Plan de Infraestructuras y la mejora de la justicia de paz.
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha insistido en el diálogo institucional con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, si bien el resultado de ese diálogo con respecto al Gobierno Central es sin duda negativo, ya que no hemos podido alcanzar ningún acuerdo satisfactorio con respecto a la deuda por la liquidación de las transferencias, implantación de nuevas leyes o por la creación de nuevos órganos.
La frustración de un Pacto incumplido
Todos los firmantes del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, manifestamos la voluntad de mejorar un sistema que nos estaba alejando de los estándares europeos en lo que se refiere a la credibilidad, tiempos de respuesta, seguridad y previsibilidad de la Justicia, afectando a los derechos de los ciudadanos, y a la marcha adecuada de las instituciones y, especialmente, de los mercados y de la economía.
El Pacto de Estado y los acuerdos de la Conferencia Sectorial que le precedieron, no fue un compromiso provocado por los buenos sentimientos de las administraciones, sino por las obligaciones que éstas debían cumplir. Pusimos el énfasis en dos direcciones: mejorar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, y dotar al sistema judicial de medios humanos, técnicos y de infraestructuras para desarrollar correctamente sus tareas.
Pero entendemos que la Administración del Estado ha incumplido sus compromisos económicos y organizativos: el parcheo de leyes sustantivas y procedimentales, la desafortunada tramitación de la Ley Orgánica, el trasfondo centralista opuesto al espíritu y a la letra de la Constitución, las posturas del Gobierno apoyadas sólo en su mayoría parlamentaria y de ningún modo en la racionalidad y el consenso o la forma de legislar a golpe de titular de prensa, están privando a nuestro país de un marco jurídico lógico y estable, premisa necesaria para el buen funcionamiento de la Justicia.
La Administración de Justicia es considerada como un valor indispensable que cada día debe responder a las demandas de los ciudadanos. Por este motivo, el Gobierno Andaluz, consciente del carácter público del Servicio que presta la Administración de Justicia, con la perspectiva constitucional de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y eliminar los obstáculos que puedan impedir la tutela efectiva de los mismos, continuará desarrollando las iniciativas más apropiadas para que la sociedad andaluza tenga acceso a una Justicia ágil, moderna y eficaz.
