Educación en Andalucía: la Primitiva de doña Cándida
Que el tema de la Enseñanza constituye uno de los graves problemas que afectan a España y a los españoles es algo tan obvio tan obvio, que hasta los avispados políticos del PP se han dado cuenta, elevándolo a uno de sus objetivos prioritarios del nuevo curso político (a buenas horas mangas centrorreformistas). Curiosamente, el discurso pepero ha pasado en apenas dos años del «gozamos de la generación de españoles mejor preparada de nuestra historia» (consigna lanzada cuando disfrutaban de mayoría absoluta en el Parlamento) a rasgarse los mandiles denunciando la desastrosa situación educativa. La enseñanza pública española, magnífica hasta no hace muchos años, como magníficos siguen siendo la mayoría de sus profesionales, hace ya aguas por todos lados. Pero donde los problemas comunes que afectan a la educación pública española en general (fracaso escolar, creciente desaliento del profesorado, acoso y violencia en las aulas y sus proximidades, etc., etc.,), alcanzan mayor intensidad, posiblemente sea en la comunidad andaluza; comunidad en la que, paradójicamente y bajo un largo mandato socialista, la consecuencia más llamativa del panorama educativo es que los colegios privados se encuentran a rebosar: un logro tremendamente socialista; no cabe duda. La explicación de este «igualitario» fenómeno del socialismo andaluz es bien sencilla: la degradada situación de la educación pública (con excepciones de contados centros) ha ido provocando la huída de la escolarización de estos colegios hacia los concertados, pero la planificada política restrictiva que la Junta de Andalucía impone sobre los concertados limita su oferta de plazas escolares; por lo que, en igualdad de condiciones exigidas por la Administración para elección de centro, el derecho de los padres queda restringido al resultado de un sorteo. Los excluidos de este macabro sorteo, y que pueden afrontarlo, optan como última posibilidad por matricular a sus hijos en centros privados: lo que sea, antes que pisar una escuela pública.
Esta huída de los centros públicos hacia los concertados produce además un efecto de mayor proyección, ya que una parte importante de padres que escolarizan a sus hijos en la escuela concertada no acuden a ella por comulgar con sus idearios, ni les importa demasiado que a sus hijos les enseñen o no bajo ellos; circunstancia ésta que, unida al hecho de que el sistema de conciertos educativos ha resultado a la postre un envenenado caramelito que los centros religiosos tragan poniendo buena cara (por aquello del ¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy!), está consiguiendo el efecto de que la mayoría de dichos centros, de titularidad religiosa, vayan siendo cada vez más concertados, pero menos religiosos (al menos, en cuanto a la formación que imparten). No conviene enseñar demasiado en cristiano no sea que les denuncien por fundamentalistas. Esta actitud de entrega acaramelada a la Administración, y de connivencia con el poder, que tiene a la enseñanza concertada cogida por donde más le duele, explica la actitud de reserva que muestra FERE (federación de religiosos de la enseñanza) para sumarse a la convocatoria de movilizaciones para el próximo noviembre contra la reforma educativa socialista.
Por eso, tan valiente como preocupante resultaba la entrevista que el redactor jefe de ABC de Sevilla, Ángel Pérez Guerra, realizaba a la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, doña Cándida Martínez, al inicio de este curso escolar. Valiente, porque el periodista no eludió plantearle a doña Cándida las cuestiones más espinosas de su nefasta política educativa. Y preocupante, porque las respuestas de la Consejera demuestran que, o se trata de la mismísima Alicia en el país de las maravillas, o padece muy pronunciadamente el síndrome de la moqueta, tan extendido entre los políticos profesionales, que la mantiene al margen de la penosa realidad social andaluza. A tenor de sus respuestas… no pasa nada, todo va bien, no hay fracaso escolar alguno, «la enseñanza pública en Andalucía es muy buena», los profesores están encantados con el panorama que se les viene encima, y cuando se le pregunta, por ejemplo, sobre lo de adoctrinar a los críos en las bondades del matrimonio homosexual responde que eso pertenece a la «educación en valores» (sic).
Pero donde la señora Consejera alcanzaba cotas de sublimidad era cuando se le preguntaba sobre si realmente se estaba respetando el derecho de los padres a elegir centro educativo, con el gravísimo problema antes mencionado de la planificada restricción de plazas escolares en los colegios concertados. Después de echar balones fuera con pretendidas razones técnicas, doña Cándida concluía: «Pero desde luego, la libertada existe».
La libertad de elección de centro educativo existe, claro que sí, doña Cándida; es más, incluso está recogida como derecho fundamental en la Constitución. Lo que sucede es que usted, y su Gobierno, en vez de remover los obstáculos que dificultan su desarrollo, se dedican a poner trabas y crear problemas donde no los había, sometiendo el ejercicio de esa libertad al resultado de un angustioso sorteo, como si se tratase de un premio concedido por su graciosa Consejería. La libertad de elección existe, pero usted excluye del ejercicio del derecho que hace efectiva esa libertad, a miles de padres y madres andaluces; para los que la libertad de elegir centro adquiere naturaleza tan ilusoria como la libertad de elegir ser multimillonario echando un boleto de la Primitiva. Otra libertad que, desde luego, también existe.
