El año en el que murió Mari Luz

El año en el que murió Mari Luz no puede quedar como el año en el que se sacrifica a un Juez para que todo siga igual. El año en el que todos vivimos a través de los medios de comunicación la búsqueda de Mari Luz no puede quedar simplemente en buscar una cabeza de turco para tapar el fracaso de nuestro sistema judicial a la hora de atender a víctimas y proteger a la sociedad de abusadores sexuales y delincuentes domésticos. La administración de justicia no está diseñada para proteger a las víctimas y mucho menos para valorar el riesgo hacia futuras víctimas. Debería estarlo, diversas normas lo han ido incluyendo como objetivo de la administración, pero ha quedado más como un deber ser que como un objetivo posible de realizar. Mari Luz ha muerto porque un hombre concreto aprovechó que estaba sola por la calle para apoderarse de ella, ha muerto por eso, y ni los padres podían imaginar cuando dejaron a su querida hija salir a la calle que un peligro tan extremo estaba cerca, ni el Juez que había condenado al culpable por abusos sexuales a sus hijas, sin penetración, pudo intuir que ese hombre iba a cometer abusos sexuales fuera de su entorno familiar, e incluso que iba a acabar con la vida de alguien. ¿O pueden los jueces con la formación que reciben como juristas llegar a esas conclusiones de manera automática en un caso de abusos sexuales? ¿Deben los jueces en todos los casos de abusos sexuales, aunque sea sin penetración, dar prioridad absoluta sobre otros delitos como la violencia doméstica o el asesinato, o acordar automáticamente la prisión preventiva? ¿Son los jueces y juezas quienes en total soledad deben decidir sobre el riesgo de comisión de delitos graves futuros? En mi opinión no. Ninguno de los hombres y mujeres que estudiamos derecho y que nos dedicamos en un papel u otro a trabajar por la justicia precisamos de posibilidades reales para responder a cuestiones relevantes como son la valoración del riesgo frente a las que no hemos sido preparados y que en principio corresponden a un tipo de especialización dentro de la psicología. Si no se nos destaca cuales son entre todos los casos de abusos sexuales, violencia de género, asesinatos, aquellos en los que existe un alto riesgo de reiteración de conductas violentas o abusivas la Administración de Justicia actuará siempre con lentitud porque no existen medios para que se haga de otra manera. Ante la lentitud de la Justicia que el resultado sea o no dramático dependerá de que una persona concreta quiera cometer actos graves o no en el futuro.

El año en el que murió Mari Luz los juristas no podemos dejar de evidenciar las miserias de la justicia, no podemos seguir conformándonos con un trabajo con escasez de medios, no podemos permitir que la ciudadanía ignore que nuestro trabajo no puede ser de calidad cuando faltan personas, formación, medios materiales y leyes fundamentales que respondan a las necesidades que ahora se pretenden cubrir y que históricamente habían sido olvidadas. Porque la defensa de las víctimas de delitos sexuales, normalmente niñas, mujeres y niños, no ha sido una prioridad en nuestro sistema judicial más centrado en castigar al delincuente común y proteger a la propiedad privada.

A quienes no trabajan en los Tribunales les consuela pensar que la muerte de Mari Luz se debe al error de un juez o de una secretaria judicial pero ese pensamiento nos deja a todos desprotegidos. Mañana o dentro de un año puede suceder un caso como éste y si se sigue considerando el error puntual seguiremos sin solucionar nada. La muerte de Mari Luz se debe al hecho de que hay personas capaces de cometer actos atroces y valorar su peligrosidad es sumamente complicado, sobre todo en los casos, como este, en el que el actor tiene una esquizofrenia, pues como enfermo merece la protección del derecho, pero como persona que puede suponer un riesgo para la sociedad, merece que se valore de manera continuada su peligrosidad y se controlen en cierta medida sus actos. Los operadores jurídicos no tenemos herramientas suficientes para valorar el peligro de cada caso concreto, para darle la urgencia que merezca, y para que las conductas futuras queden bajo control en los numerosos supuestos en los que la aplicación de la ley conlleva que no se ingrese en prisión. No existen unidades especializadas en valoración del riesgo y mucho menos de manera urgente y continuada. Ni Registros y medios informáticos que permitan conocer la trayectoria completa de los agresores. Y la situación en los pueblos es incluso peor, allí existe menos de todo, como si fuera de las ciudades desaparecieran los peligros. El año en el que Murió Mari Luz no puede quedar oculto que los juristas tenemos que actuar en muchas ocasiones con escasa información, incluso a oscuras, cuando se trata de decidir qué hay que hacer en cada caso, a qué expediente dar prioridad sobre otros también graves.

El año en el que tras días de búsqueda descubrimos que Mari Luz estaba muerta no puede quedar en sanciones a quienes por diversos motivos tuvieron un poder aparente que de haberse ejercitado habría cambiado la situación. La persona que no había acordado el ingresado en prisión al actor, la persona que no había dotado de suficiente personal al Juzgado, la persona que tenía responsabilidad política. Todo eso, en mi opinión, no es más que aparente. Ninguno de ellos tenía un poder real porque la administración de justicia está históricamente tan empequeñecida que ninguna de esas personas tenía la posibilidad real de haber actuado de otra manera, salvo que hubieran conocido de antemano lo que iba a suceder. Mientras el Estado no reconozca las deficiencias históricas de la Justicia en España, no modifique de manera global parte de nuestra legislación fundamental ( Enjuiciamiento Criminal y Civil, Penitenciaria, Atención a Víctimas), no cree una alternativa para las personas con enfermedades mentales y peligrosidad que no sea el que queden al cuidado teórico de sus familiares, no dote con sus cambios a las Comunidades Autonómicas de nuevas fichas de actuación en la materia, y se incremente la partida económica y mejore el sistema informático, muy poco pueden hacer jueces, fiscales, secretarios judiciales y políticos, para evitar la reincidencia, salvo servir de cabeza de turco en la próxima muerte.

La familia de Mari Luz merecen todo nuestro apoyo y respeto, merecen que no olvidemos nunca a su niña, pero también merecen que contemos la verdad, merecen que permitamos que su dolor no se convierta en odio social personalizado en la figura de un juez, sino en revulsivo social, en impulso político para llegando al fondo de las cosas hacer cambios profundos. Con Ana Orantes fue así, su muerte generó cambios legales. Mari Luz debería marcar un punto de inflexión hacia un nuevo diseño de la Administración de Justicia.

El año en el que murió Mari Luz debería ser el año en el que la justicia empiece a rehacerse así misma, esta vez de una forma más sabia, más completa, adaptada a la época en la que vivimos.