El Congreso de la UIA fue un éxito para Sevilla

El 53º Congreso de la Unión Internacional de Abogados, celebrado en Sevilla la última semana de Octubre, se desarrolló a plena satisfacción de la institución organizadora y fue todo un éxito para la abogacía española y sevillana. Más de mil abogados de 70 países debatieron sobre problemáticas muy diversas del mundo del derecho. Las sesiones de trabajo se completaron con actos lúdicos y visitas turísticas, que han configurado uno de los congresos de la UIA con más número de asistentes y mayor grado de satisfacción. En la apertura del Congreso, que se celebró en el Teatro de la Maestranza, intervinieron el Presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñan, el Presidente de la UIA Bern Reinmuller, el Presidente de ese 53º Congreso Juan Antonio Cremades, el Secretario de Estado de Justicia Juan Carlos Campo, el Presidente de la Abogacía Española Carlos Carnicer, el Alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirin, el Presidente del TSJA Augusto Méndez de Lugo, el decano de este Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo y el coordinador del Congreso y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio hispalense Alfonso Martínez del Hoyo. Extractamos a continuación algunas de las intervenciones pronunciadas en el acto solemne de apertura del Congreso.

Discurso de Juan Carlos Campo Moreno. Secretario de Estado de Justicia

Autoridades, señoras y señores.
Es un motivo de orgullo y profunda satisfacción dar la bienvenida a los miembros de la Unión Internacional de Abogados. Una satisfacción que es doble por recibirles en este lugar, Sevilla, elegido para la celebración del 53 congreso y que representa un crisol y punto de encuentro de civilizaciones y culturas. A buen seguro, este lugar inspirará los trabajos de la Unión Internacional de Abogados durante estos días.
>Compartiré con Ustedes unas breves reflexiones.
El complejo fenómeno que hemos denominado “globalización económica” requiere, hoy en día, de un profundo compromiso de los profesionales de la justicia. Convendrán conmigo que, en la actualidad, nadie duda de que la globalización marca amplias facetas de nuestra vida, no solo económica, sino también social. De hecho, muchos ciudadanos perciben que hay un desfase entre la globalización y la tutela efectiva de los derechos individuales: percibimos y sentimos el intenso e imparable empuje de la globalización económica mientras nos cuestionamos, en ocasiones, si hay un crecimiento paralelo de los órganos e instituciones que han de impulsar su gobierno; esto es, nos preguntamos si a la globalización económica le sigue una globalización política y jurídica.
Sin embargo, la percepción de un escenario global sin normas no es acertada. El desfase percibido entre globalización económica y globalización política no implica la ausencia de normas jurídicas globales. Al contrario, hoy en día estamos asistiendo a un imparable fenómeno de globalización del derecho y la legislación en todas las áreas de la vida social: la regulación internacional se multiplica de forma exponencial.
Sin duda, los problemas a los que esta internacionalización del derecho se enfrenta son inmensos. Muchas de estas regulaciones internacionales, por ejemplo, operan prácticamente como compartimentos estancos (es el caso de las regulaciones procedentes de organismos internacionales como Naciones Unidas y sus agencias especializadas). Esta desconexión provoca que las regulaciones sobre comercio y derechos laborales, entre patentes y derecho a la salud, entre protección del medioambiente e inversiones internacionales, entre otras, no se encuentren todavía plenamente integradas. Los principales problemas a los que nos enfrentamos son tres: en primer lugar, la dificultad para tender puentes e integrar los distintos regímenes internacionales, en segundo lugar, el problema de garantizar el pleno cumplimiento de esas normas internacionales dada la ausencia de mecanismos coercitivos a nivel global. Finalmente y en tercer lugar, uno de los problemas de las regulaciones internacionales es la complejidad del diseño de mecanismos que permitan a los parlamentos nacionales participar en su elaboración y a la sociedad civil, en general, y a la abogacía, en particular, conseguir su pleno cumplimiento.
Los desafíos, por tanto, son inmensos y no deben sino hacernos reaccionar: y en esta reacción, la abogacía desempeña un papel crucial en la defensa global de los derechos individuales. De ella depende, en buena medida, la capacidad para integrar culturas jurídicas y detraer los principios comunes que rijan un buen orden global. La aplicación de la legislación internacional para la defensa de los intereses individuales se presenta así como una tarea esencial de la Justicia en el s. XXI. Sin duda, la práctica de litigios interestatales de interés público contribuye ya de forma determinante a esta tarea, gracias a los bufetes de abogados progresistas y a las organizaciones sociales que colaboran con ellos para impulsar la justicia a escala transnacional.
En suma, la abogacía está llamada a impulsar los trabajos de ese gran sistema legal en formación a partir de su constante compromiso con la cooperación legal internacional.
Quiero destacar aquí que el recientemente aprobado Plan Estratégico de Modernización del Ministerio al que represento tiene precisamente en la cooperación legal internacional uno de sus ejes rectores. En nuestro departamento, somos plenamente conscientes de que la internacionalización de los hechos delictivos y de la actividad económica exige fortalecer y diseñar nuevas fórmulas de cooperación técnica cada vez más especializada entre los Estados.
El documento de trabajo de la Comisión Europea Linking up Europe señala con claridad, por ejemplo, cómo el uso intensivo de las Tecnologías de la Información es esencial para que los poderes públicos implementen políticas públicas efectivas, evitando la fragmentación entre los distintos niveles de administración.
Así, estimulamos y reconocemos el impulso que la Unión Europea está dando al plan E-JUSTICE para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos con independencia de las fronteras: un plan diseñado para explotar las potencialidades de las tecnologías de la información y comunicación, para crear un espacio de interoperabilidad entre los distintos sistemas jurídicos europeos. Es un objetivo ambicioso, sin duda, que redundará en una significativa mejora de la calidad con la que los Estados responden a los desafíos sociales de una vida jurídica cada vez más globalizada: una realidad que ya está presente en Europa.
El Gobierno de España es plenamente consciente de que ese es el camino para que nuestros sistemas de justicia contribuyan al desarrollo económico y al bienestar social. Por ello, durante la Presidencia española de la Unión Europea del primer semestre de 2010 impulsaremos decididamente el Plan E-justice con una serie de importantes actuaciones. Entre ellas, destacaré especialmente la implementación de la interoperabilidad de los registros europeos en 2 ámbitos de especial trascendencia:
(1) la interconexión de los registros de antecedentes penales.
(2) la interconexión de los registros de insolvencia.
Con ello, por ejemplo, contribuiremos, de modo decisivo, a que el delito y el incumplimiento del derecho dejen de ser opacos cuando cruzan las fronteras nacionales. De este modo, lograremos que la ley tenga una aplicación más eficaz con independencia del territorio y en beneficio de todos.
Sin duda, el desarrollo tecnológico servirá a la necesaria cooperación legal internacional. Y esta tarea sólo tendrá éxito si se basa en la colegiación de esfuerzos. En el Ministerio de Justicia, somos plenamente conscientes de ello, y así esta coordinación de esfuerzos constituye un método de trabajo presente en todas nuestras actividades.
Pero no me demoraré más. Quiero terminar resaltando la necesidad de que todos los profesionales del derecho asumamos un firme compromiso con una globalización jurídica de rostro humano. Nosotros, desde el Ministerio, impulsando grandes proyectos de cooperación jurídica internacional y de nuevas tecnologías. Ustedes, desde la abogacía, contribuyendo a defender la justicia también en la esfera global, en su dimensión planetaria. Desde esta convicción, les animo a seguir con el compromiso de la UIA, y avanzar en los importantes trabajos de reflexión que sin duda desarrollarán en estos próximos días.
Muchas gracias.

Discurso de Augusto Méndez de Lugo. Presidente del TSJA

Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
Sr. Alcalde de la ciudad de Sevilla.
Sr. Secretario de Estado de Justicia.
Sr. Presidente del Consejo General de la Abogacía.
Sr. Presidente de la Unión Internacional de Abogados.
Sr. Decano del Colegio de Abogados de Sevilla.
Autoridades.
Sras. y Sres. Asistentes a este 53 Congreso de la UIA.
La oportunidad que se me brinda de dirigirles unas breves palabras supone para mi persona una mención de honor. Por ello debo trasmitir mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este Congreso de Abogados, en especial a su Presidente, D. Juan Antonio Cremades y al Coordinador General, D. Alfonso Martínez del Hoyo.
Sras. y Sres. congresistas, en nombre de todos los Jueces y Magistrados de Andalucía, a quienes en este acto represento en mi condición de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma, les doy nuestra más cordial bienvenida y nuestra estima más sincera.
Abogados y Jueces, Jueces y Abogados, son agentes engarzados del engranaje de la Justicia.
El Juez debe decir el Derecho. Le compete, ante todo, determinar de entrada, por acogimiento o rechazo, qué es y qué no es del dominio del Derecho. El Juez debe decir o hacer Justicia. Conociendo cual sea la solución de Derecho positivo, o quizás las posibles soluciones del quid iuris, el Juez tiene que establecer sobre esa base el Derecho justo vivo.
Pero el correcto funcionamiento del sistema judicial exige posibilidad de acceso efectivo de los ciudadanos a los Juzgados y Tribunales. Sus derechos e intereses legítimos quedarían desprotegidos sin la asistencia de unos profesionales especialmente cualificados que se ocupen de la dirección, asesoramiento jurídico y defensa de las partes en toda clase de procesos, con lo que su posición aparece estrechamente ligada a los derechos fundamentales recogidos en los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución Española. Sin olvidar la función cumplida por los abogados en cuanto al acceso de todos a la Justicia a través del sistema de asistencia jurídica gratuita y su papel en la fase previa a la exigencia de los derechos de los ciudadanos y en la evitación de los procesos.
La intervención de los abogados es imprescindible teniendo en cuenta la complejidad técnica de muchos procedimientos, la conveniencia de un desenvolvimiento desapasionado y profesional de los procesos y la necesidad de que la defensa de intereses y derechos se lleve a cabo con todas las garantías.
Siempre he pensado que es la contradicción propia del procedimiento lo que da valor a la decisión judicial. La resolución judicial vale porque se dicta después de un proceso en el que las partes han podido defender, con la cualificada participación de los abogados, sus intereses contrapuestos. Por eso es por lo que la decisión judicial es una tarea a la que los abogados no son en absoluto ajenos.
En este sentido, es bien conocida la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, según la cual el derecho a la defensa y asistencia letrada consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución tiene por finalidad asegurar la realización efectiva de los principios procesales de igualdad y de contradicción, e impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes en el proceso o limitaciones en la defensa que puedan ocasionar a alguna de ellas un resultado de indefensión constitucionalmente prohibido.
Resulta, por tanto, que Jueces y Abogados, contribuimos y somos responsables del resultado final, que no es otro que la realización efectiva de la Justicia, por supuesto actuando cada uno en el ejercicio de la función que legalmente les ha sido conferida y con estricta observancia de las normas éticas y deontológicas que han de presidir su actuación.
Nada más. Feliz estancia y fructíferas jornadas.
Augusto Méndez de Lugo
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Discurso de Alfonso Martínez del Hoyo. Coordinador General 53º Congreso UIA

Excelentísimo Sr. Presidente de la Junta de Andalucía y Excelentísimas Autoridades; Sres. Presidente de la UIA, Presidente del Congreso y miembros del Comité de Dirección; distinguidos colegas; amigos todos:
Buenas tardes y bienvenidos a esta ceremonia de apertura del quincuagésimo tercer Congreso de la Unión Internacional de Abogados Sevilla 2009.
Confluyen y cristalizan en el día de hoy todo el esfuerzo, todo el trabajo y, sobre todo, toda la ilusión desplegados durante muchos meses en la preparación de este congreso. Es por ello que, como Coordinador General de la organización, quisiera que mis primeras palabras sean para públicamente reconocer, felicitar y agradecer a todos quienes lo han hecho posible: los Presidentes Reinmüller y Cremades, los miembros del Comité de Dirección y los del Comité Local organizador, sin olvidar al valiosísimo personal del Centro Administrativo de la UIA en París.
No es preciso evocar ahora la excelencia científica que caracteriza a los congresos de la UIA y en lo cual éste nuestro no va a ser una excepción; de modo que, permítanme que, sin más, como Abogado de Sevilla les exhorte a zambullirse sin complejos y desde el primer momento en la especial cadencia de esta ciudad, que para empezar encarna en sí misma el mito y la tradición: no en vano a continuación de esta primera parte del acto vamos a dar un salto en el tiempo y a retroceder doscientos años a través de ese personaje mítico que es la Carmen de Bizet, representada ni más ni menos que sobre los escenarios reales que el autor concibió, ya que este Teatro se halla a pocos metros de la antigua fábrica de tabacos en que laboraba aquella femme fatale, y de la plaza de toros de La Maestranza, donde se jugaba la vida el torero Escamillo, si bien tal vez ante enemigos menos peligrosos que la propia Carmen…; mito y tradición, sí, pero, trascendiéndolos, una Sevilla y por extensión una Andalucía de hoy incardinadas en la más audaz modernidad y, desde su estratégico enclave entre dos continentes, polo de atracción de oportunidades de negocio y de rico intercambio económico y cultural; mas todo ello desde una vocación de tolerancia y convivencia arraigada en su propia historia.
Como Abogado, no me perdonaría dejar pasar esta oportunidad única y quisiera trasladarles una sentida convicción: en este momento presente donde la crisis económica mundial deviene en catástrofe humanitaria global, corresponde a nuestra profesión una especial responsabilidad en la concienciación social y en la denuncia pública de situaciones de violación de los derechos humanos. Y desde tal perspectiva, este encuentro congresual de un millar de abogados de todo el mundo supone un reto, y al mismo tiempo una oportunidad para responder adecuadamente a cuanto la sociedad espera y demanda de la Abogacía en su conjunto y de cada uno de nosotros en cuanto Abogados individuales.
La organización del Congreso se complace en testimoniar su máxima consideración y agradecimiento a quienes, como integrantes del Comité de Honor, han tenido la deferencia de acudir a este acto y en este momento nos honran con su presencia. Es un placer para mí pasar ya a presentar a las personalidades que nos acompañan:
• Preside el acto y se hace a la UIA el alto honor de contar hoy con la más alta representación institucional de nuestra Comunidad, el Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán Martínez, Presidente de la Junta de Andalucía.
• Y junto a él, quien, como Presidente, ostenta la máxima representación de la UIA, el Dr. Bernd Reinmüller.
• Ha brindado un decidido apoyo desde un primer momento y tiene hoy la deferencia de acompañarnos quien, como Alcalde de Sevilla, ostenta igualmente la máxima representación de la ciudad que nos acoge, el Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín.
• La Administración Central de justicia española viene asimismo altísimamente representada por –déjenme decirlo- un andaluz de pro, el Sr. Secretario de Estado de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno.
• Exactamente igual que, desde su cúspide representativa, tiene cumplida presencia en este acto la Administración Autonómica en este ámbito nuestro de la justicia, a través de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Dª Begoña Alvarez Civantos.
• El más alto de los órganos jurisdiccionales andaluces es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y su Presidente, el Excmo. Sr. D. Augusto Méndez de Lugo, ha tenido igualmente la gentileza de acompañarnos en esta ceremonia de apertura.
• Y como los abogados son consustanciales a la justicia, no puede ser de otro modo y nos complacemos en contar hoy con lo que bien podemos considerar una representación integral de la Abogacía de este país; empezando por su máximo exponente institucional, el Consejo General de la Abogacía Española, cuyo Presidente, el Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez nos honra con su presencia.
• Los Abogados de Andalucía en su conjunto poseen su propio órgano de representación institucional a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, cuyo Presidente, el Excmo. Sr. D. José María Rosales de Angulo tiene la deferencia de estar con nosotros esta tarde.
• Y un congreso de la abogacía en Sevilla tenía necesariamente que significarse a través de una decidida y muy activa participación de los abogados sevillanos. Sentimos este 53ª Congreso de la UIA como nuestro congreso y hoy los seis mil colegiados de la ciudad simbólicamente comparten este acto a través de la presencia de nuestro Decano, el Excmo. Sr. D. José Joaquín Gallardo Rodríguez.
• Nos acompaña, en fin, una distinguidísima representación del Comité Director de la UIA, integrada por el Sr. D. Héctor Díez Bastién, Presidente Saliente; Signor Corrado de Martini, Presidente Electo; y Monsieur Pascal Maurer, VicePresidente Primero.
• Last but not least. La Unión Internacional de Abogados nos recibe a todos con ocasión de su Congreso y espero que quien precisamente oficia como Presidente del mismo, como magnífico anfitrión que es, me sabrá dispensar que le presente al final. Tal vez, paradójicamente, no quepa mejor forma de poner de adecuado realce el decisivo papel de D. Juan Antonio Cremades Pastor en cuanto nos ocupará, y será para bien, durante los próximos cuatro días.
Reitero a todos la bienvenida y el agradecimiento de la organización por su presencia.
Feliz congreso y feliz estancia en nuestra ciudad.
Muchas gracias.
Alfonso Martínez del Hoyo
Coordinador General 53º Congreso UIA

Discurso de José Antonio Griñán. Presidente de la Junta de Andalucía

Señor presidente de la Unión Internacional de Abogados, señor Alcalde, autoridades, congresistas, señoras y señores:
Todos los días, si mantenemos la atención que, como seres humanos, nos es exigible, la sinrazón de la pobreza, el subdesarrollo o la mortalidad infantil nos demuestran que el destino de la humanidad no se puede limitar ya a los estrechos márgenes de los estados-nación, de los países o de las comunidades. Por lo tanto, hoy es necesario tener una visión integral y desarrollar una conciencia de responsabilidad universal.
El progreso de la humanidad está relacionado directamente con la amplia-ción de nuestra capacidad para apreciar como irrelevantes, desde el punto de vista ético, las diferencias que nos separan de los demás.
Los derechos humanos, desde el punto de vista legal o político, exigen una idéntica apreciación de todos los individuos, sea cual sea su condición, procedencia, cultura o religión. Esta clave universalista, que introdujo en nuestra cultura la Ilustración, se ha ido materializado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la situación de extrema necesidad en la que vive buena parte de la humanidad, la convierte en irrenunciable.
El futuro sostenible que queremos para nuestros hijos o para nuestros nie-tos exige que tengamos en cuenta a los otros, a quienes sufren, a quienes están en desigualdad de condiciones, porque ésta es una condición sine qua non para el progreso.
Una de las trabas para este futuro sostenible son precisamente los propios estados, que han fijado el marco de derechos civiles, para quienes exclusivamen-te habitan en sus territorios, un modelo que ya no responde a las nuevas necesidades de un mundo global.
Kant pedía en 1784 la integración de los estados en un macrocuerpo político capaz de hacer valer los derechos civiles del mundo. ¿Una utopía? No lo creo, pero estamos lejos de conseguir este objetivo.
Los estados nacionales sólo garantizan los derechos cuando se es ciudadano de esos estados. La identidad del ciudadano se forja, efectivamente, en la pertenencia a una comunidad nacional y en la inserción en una sociedad de productores y consumidores. Hoy en día, este modelo vigente es imposible universalizarlo. El estado-nación sólo garantiza la protección de los derechos humanos cuando existe la vinculación social y un determinado y bien delimitado territorio. Sin embargo, la demanda por parte de los individuos, de los mercados y de los propios estados generan conflictos continuos en un mundo globalizado.
Los problemas políticos, económicos y culturales, también del Derecho, son globales y necesitan, por lo tanto, respuestas globales. Así lo han dicho, y yo lo comparto, el presidente del Consejo General de la Abogacía y el secretario de Estado de Justicia.
Asuntos como el desarrollo o aquéllos que atañen a los derechos que asisten a las empresas, a las instituciones bancarias o los derechos de las minorías ya no son cuestiones nacionales, sino que exigen una respuesta de la comunidad internacional.
Los vínculos entre nación y bienestar social se han roto con la globalización, un fenómeno más palpable con la crisis mundial que hoy estamos viviendo. Las diferencias entre ricos y pobres se han agudizado más, con los riesgos para la ciudadanía que ello implica. Que los problemas de lo demás sean relevantes es también la pauta del crecimiento en democracia.
Del sueño ilustrado, es posible aún extraer ideas que fundamentan la esperanza de alcanzar algún día la igualdad. La principal, según mi modo de entender las cosas, es que reconozcamos la mutua dependencia de los seres humanos de las comunidades y de las responsabilidades que de esto se derivan.
Todos los pueblos del mundo tienen un presente común. Permitir que todos tengan un futuro común es la idea general que yo creo que nos congrega aquí.
Si el derecho a vivir dignamente quiebra, con él quiebra todo el entramado normativo, las instituciones y la propia civilización que hemos construido en torno a este derecho esencial.
Recuperar la perspectiva cosmopolita de Kant supone trabajar por la extensión real de los derechos humanos a todas las personas; es decir, trabajar por la superación de localismos, los fundamentalismos y las etnicidades, y fomentar la solidaridad, la tolerancia y el respeto.
La tolerancia, según la UNESCO, no es sólo un deber moral, sino también una exigencia política y jurídica. Requiere, por lo tanto, una implicación activa y la responsabilidad de reafirmar en el día a día las normas establecidas en torno a los derechos humanos a nivel internacional.
A los responsables políticos se nos exige justicia e imparcialidad en la formulación de la ley. Se trata de estar atentos a las necesidades de los ciudadanos para que todos puedan disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin discriminación.
Los profesionales del derecho han de garantizar la justicia en la aplicación de la ley en sociedades multiculturales donde la diversidad no debería convertirse en un problema, sino en una fuente de riqueza y aun de comprensión.
Tenemos por delante el reto de articular fórmulas que hagan viable la ciudadanía universal para que el reconocimiento de esos derechos no dependa, como he dicho antes, de la pertenencia a un estado, sino de una cuestión de humanidad y solidaridad.
Este congreso puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre esta reto universal. Sólo desde el análisis sosegado de todo ello se pueden dar respuestas coherentes a los asuntos que plantea la mundialización de la economía, la aceleración de los flujos de personas e información y la vulnerabilidad de los grupos humanos en riesgo de exclusión.
El nuevo modelo de desarrollo que queremos construir busca crear una economía compatible con la mejora de la calidad de vida para todos, que no sólo se mida en términos de renta y bienes materiales, y este cambio es responsabilidad de todos, también del Derecho, que ha de dar una respuesta contundente a aquellos hábitos de comportamiento, producción y consumo altamente derrochadores y agresivos hacia el medio ambiente, por lo cual hay que buscar fórmulas para frenar decisiones económicas que atentan contra el bienestar social y la conservación de los recursos humanos del planeta.
Por otro lado, la deslocalización de muchas empresas (empresas trasnacionales) genera nuevos retos jurídicos, ya que éstas toman algunas decisiones económicas al margen de los marcos legales y de los estados.
Estamos, por lo tanto, ante un nuevo espacio jurídico y social que ha puesto sobre la mesa debates de aspectos tan importantes como la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, la concentración de medios de comunicación y la libertad de expresión o la inmigración, aspectos que van a ser tratados en profundidad a lo largo estas jornadas, como lo será también lo relativo al derecho de los negocios. El debate sobre la necesidad de que la honestidad presida cualquier iniciativa en el mundo de los negocios es una cuestión hoy mucho más que oportuna en un momento en que la crisis financiera internacional nos exige una redefinición del sistema económico imperante y de los códigos éticos y de comportamiento a nivel mundial.
Sé que todos ustedes se sentirán atraídos por el misterio de Sevilla, una ciudad plena de historia y de vida, mágica y dinámica, por utilizar palabras del profesor Reinmüller. Receptiva como pocas, ha sido puerta abierta al Mediterráneo y, desde luego, a todas los grandes civilizaciones que en ella surgieron.
Ha sido puerta de entrada al Atlántico con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y ahora es puerta que abre África a Occidente, y Europa a la cultura africana.
Gracias por elegirla para celebrar un congreso como éste, que habla de tolerancia y de proyectos globales.
Deseo que se sientan tan bien acogidos en Andalucía como en su propia casa y que estas jornadas sean fructíferas, algo que, no tengo ninguna duda, contribuirá al bien de todos.
Muchas gracias.

Discurso de Carlos Carnicer. Presidente de la Abogacía Española

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, queridos compañeros y compañeras, amigos todos:
Representa para mi un gran honor dirigirles estas palabras como Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a los 83 Colegios de Abogados de España, con más de 160.000 colegiados. Bienvenidos a España.
>La Unión Internacional de Abogados había residenciado ya congresos anuales en España y, ahora esta 53ª edición, de los importantísimos congresos que celebra la organización mundial más antigua de la Abogacía, ha querido hacerlo en la ciudad de Sevilla.
En nombre de todos los abogados españoles les doy las gracias y les aseguro que esta maravillosa ciudad y sus gentes harán muy placentera su estancia y les dejará un recuerdo imborrable. Pero también he de recomendarles que, cuando lo permitan sus trabajos congresuales, disfruten de todos nuestros incomparables paisajes e inolvidables recursos gastronómicos.
Representan ustedes lo más granado de la Abogacía en el mundo. En un mundo definitivamente globalizado en el que cualquier fenómeno local puede irradiar efectos globales y en el que la mayoría de las viejas fórmulas de convivencia resultan cuando menos insuficientes.
Los problemas globales, como la tan manida crisis económica, demandan como nunca un orden mundial nuevo y no sólo en lo económico y mediático. En la conformación de la nueva organización universal la Abogacía está obligada a participar muy destacadamente tanto profesional como institucionalmente.
Sin buenos abogados libres e independientes no habrá libertad. El Estado de Derecho sólo avanzará cuando las leyes sean puntual respuesta a las demandas individuales y colectivas de la ciudadanía. Y sólo será posible la eficacia de las leyes si la sociedad se dota de los instrumentos eficaces para aplicarlas, singularmente los defensores de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. La Abogacía debe seguir asumiendo tanto individual como institucionalmente la defensa de todo tipo de intereses legítimos de la ciudadanía para que los derechos y deberes contenidos en las leyes no resulten ilusorios sino real y efectivamente accesibles para los ciudadanos.
Pero, además, la Abogacía debe erigirse en defensora de los derechos difusos de la ciudadanía y en vigía y defensora de la salud y de la calidad del Estado de Derecho.
La Abogacía debe denunciar la inadecuación de las leyes a la realidad social, las amenazas y vulneraciones a los derechos fundamentales y libertades públicas y especialmente debe velar por el respeto del derecho de defensa, en plenitud, con respeto absoluto al secreto profesional y de los derechos a no declarar contra sí mismo, a no autoinculparse y a la presunción de inocencia.
La Abogacía debe realizar un esfuerzo especial para impregnar nuestra cultura del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Poco a poco se va inclinando la pendiente hacia la presunción de culpabilidad. Ni las formas en la detención y en los registros policiales, ni la terminología utilizada en las normas procesales, ni la reproducción de imágenes de los imputados, o incluso la reconstrucción de los hechos en imágenes con anterioridad a la celebración del juicio, ayudan a mejorar el problema. Y eso que a diario dan cuenta también los medios de comunicación de flagrantes y gravísimos errores judiciales en los que quedan injustamente afectadas verdaderas víctimas de la propia Justicia. La Abogacía debe asumir la durísima labor de reubicar el derecho fundamental a la presunción de inocencia en nuestra sociedad.
Mucha es la tarea a acometer para los problemas apuntados en cuatro días. Pero la Unión Internacional de Abogados se ha caracterizado, al menos desde que yo la conozco, por la calidad y capacidad de sus ponentes en las distintas comisiones y plenarios y por la impagable experiencia de resolución de conflictos y defensa de los derechos humanos como base fundamental para el desarrollo pacífico de una convivencia universal basada en la igualdad, en la libertad y en el pluralismo político.
Felices y provechosos trabajos.